0286 brigada de homicios bh trabajo de oficina salida a terreno sitios del suceso en hospital y basural 11-05-2017 ecs
Ana Paredes Mota, de origen dominicano y víctima de violencia intrafamiliar, fue detenida junto a su hijo de 10 años, durante tres días en una instalación policial, después de someterse al proceso de empadronamiento promovido por el Estado de Chile.
Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), aseguró públicamente meses atrás, a organizaciones de la sociedad civil que manifestaron temor frente al empadronamiento, que las personas migrantes «que no tuvieran nada que esconder» debían realizar el proceso, ya que resultaba beneficioso para el país.
Lo que en principio parecía un procedimiento rutinario en la oficina de la PDI, ubicada en San Francisco 253, comuna de Santiago, se convirtió en el encarcelamiento y posterior salida del país de Ana y su hijo, después de que la PDI le comunicara que existía una medida de expulsión administrativa en su contra debido a su ingreso por un paso no habilitado. Ana tenía conocimiento de una notificación de expulsión en su historial y había contratado a un abogado para abordar la situación, pero no recibió noticias posteriores sobre su caso.
Cuando Chile recibió su séptima medalla de oro de las manos de Santiago Ford, un joven de origen cubano, quien se destacó como el mejor en decatlón y que en 2018 había cruzado un desierto minado para llegar a Chile, organizaciones de la sociedad civil de migrantes y pro-migrantes entregaron una carta firmada por 150 instituciones del país y 300 ciudadanos dirigida al presidente Gabriel Boric, al Ministerio de Interior, al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a la Subsecretaría de la Niñez y a la Defensoría de la Niñez, entre otras, para denunciar «esta grave situación en donde todo el aparato estatal le falló a una mujer migrante forzada, madre y sobreviviente de violencia basada en género y a un niño de 10 años de edad».
«Ana no posee antecedentes penales y es reconocida como víctima de violencia intrafamiliar por el Estado chileno. Además, buscaba regularizar su situación migratoria después de haber ingresado al país por un paso no habilitado debido a circunstancias de violencia y pobreza en su país de origen».
Según indicaron en la carta pública, la solicitud de Ana para acceder al documento de la medida de expulsión fue negada y, en medio de la confusión, la PDI le informó que no podía permanecer en Chile. A pesar de pedir permiso para quedarse con su hijo, argumentando que no podía dejarlo solo, la PDI decidió trasladarlos a una instalación policial, donde permanecieron 3 días.
El abogado que representa a Ana y a su hijo presentó una acción constitucional de amparo (rol 2427-2023 C.A. de Santiago) el mismo día en que conoció los hechos. Sin embargo, la PDI limitó la interacción del abogado con su cliente a menos de 5 minutos y bajo supervisión, sin proporcionar una copia de la medida de expulsión. A pesar de la acción legal interpuesta, esta se ejecutó con un vuelo a República Dominicana.
De acuerdo con lo presentado por las organizaciones, este caso interpela al Estado chileno sobre el respeto de los derechos de las personas migrantes que ha firmado y ratificado en diversos tratados internacionales, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, como el caso de Ana y su hijo.
En la misiva, las organizaciones expresaron que no es la primera vez que ocurren expulsiones similares de este tipo con la comunidad dominicana, además de enfatizar, “la autoridad migratoria o la autoridad policial pensó en el niño como sujeto de derecho, quien tiene una vida que vale tanto como las otras y si en este sentido analizó la vulneración que implica ser privado de libertad y no volver a ver a sus compañeros del cuarto año “A” de la Escuela Santa Teresita de Independencia”:
El proceso de amparo está actualmente en manos del sistema judicial, y se espera, según lo indicado por las organizaciones, una resolución justa y transparente. Sin embargo, seguirán vigilando y abogando por este caso para que se cumplan los derechos humanos y civiles y se logre justicia en la aplicación de las leyes migratorias del país.
Fuente Clarín
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