Tras daños ocasionados por manifestaciones violentas

Al momento de las manifestaciones, la empresa se encontraba corrigiendo una avería que afectaba la zona desde hacía una hora antes

Miches.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este domingo que logró restablecer el servicio eléctrico en la zona de Magua, en la carretera Miches–Sabana de la Mar, luego de que fuera interrumpido a causa de manifestaciones violentas que ocasionaron severos daños a la infraestructura eléctrica.

Durante los disturbios registrados la noche del sábado, fueron derribados varios árboles no solo impactando negativamente el medioambiente, sino también afectando postes eléctricos y varios tramos de líneas de media tensión, dejando sin energía a sectores de la comunidad.

Las brigadas técnicas de Edeeste intentaron acceder al área afectada de inmediato para iniciar los trabajos de reparación, sin embargo, los manifestantes impidieron el ingreso de los equipos, retrasando las labores de restablecimiento del servicio.

En el momento de los hechos, la empresa se encontraba corrigiendo una avería puntual en la zona, la cual estaba siendo atendida cuando se produjo la manifestación.

Como resultado de la protesta, fueron afectados aproximadamente 500 metros de líneas trifásicas, se registraron 9 crucetas rotas y varias líneas de tendido fueron derribadas, lo que agravó los daños a la red eléctrica local.

Edeeste destacó que, previo a la manifestación, ya hace aproximadamente un mes se encontraba interviniendo el área con trabajos de poda, mantenimiento preventivo y correctivo, como parte de su compromiso con la mejora continua del servicio en la región.

La empresa también subrayó que esta zona presenta un nivel de pérdidas cercano al 80 %, debido a una alta proporción de usuarios conectados de manera irregular, lo cual representa un desafío técnico y operativo para la sostenibilidad del suministro eléctrico.

Edeeste reiteró su compromiso con la continuidad y calidad del servicio, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a evitar acciones que pongan en riesgo la seguridad de las comunidades, el personal técnico y las infraestructuras del servicio.