La propuesta del PP de alargar la vida de las centrales nucleares ha caído este jueves en el Congreso con la abstención de Junts y el voto en contra de Coalición Canaria, que ha permitido la victoria del punto de vista del gobierno español por 172 y 172. La enmienda a la Ley de Movilidad a la que ha dado apoyo Vox incorporaba a la Ley de Movilidad Sostenible la supresión de las fechas de cierre fijadas en las centrales nucleares de Almaraz, Cofrentes, y Ascó I, previstas para los años 2027, la primera, y 2030 las otras dos. Esquerra, con PSOE y el resto de partidos, se ha opuesto.
La votación llega al Congreso semanas después de una nueva solicitud de las eléctricas propietarias de Almaraz, Iberdrola, Endesa y Naturgy, para alargar la vida de la central de Almaraz, de la que depende gran parte de la electricidad de la Comunidad de Madrid.
Las eléctricas han aumentado la presión desde el apagón del pasado mes de abril, con el argumento de que las nucleares dan más estabilidad y fortaleza a la red ante estas situaciones, pero han vinculado el alargamiento de las nucleares a una bajada de impuestos. El gobierno español mantiene su posición, que es la de no cerrar la puerta a estas prórrogas si se cumplen los requisitos de mantener la seguridad de los ciudadanos y que no recaiga sobre ellos el coste del tratamiento de residuos.
El diputado de Junts Isidre Gavín i Valls ha hablado en nombre del partido y ha defendido la posición de su partido sobre la ley de movilidad sostenible y algunas enmiendas de descarbonización, pero no ha justificado la posición del partido sobre las nucleares. Sí que lo ha hecho después Míriam Nogueras, que ha defendido el papel de la nuclear, «si desaparece subirá el precio de la luz», pero ha aclarado que «la enmienda del PP no soluciona el problema».
Ana Martínez, del PP, ha pedido al PSOE que «no insista» en el cierre de las nucleares y ha recordado que sindicatos y empresas están de acuerdo en pedir el alargamiento. «Mantener las centrales es bueno, primero porque garantiza el suministro y segundo porque la factura de la luz será más barata», ha dicho.
«Qué miserable hay que ser para jugar con las ilusiones de los trabajadores que viven de las centrales nucleares», ha asegurado la diputada de Esquerra Inés Granollers. Ha dicho que la enmienda va «contra una ley que quiere proteger a la gente». Y ha defendido los fondos y planes de transición para una transición de las zonas donde hay centrales nucleares, medida a la que el PP se opuso. «Lleven a debate el cierre de centrales nucleares allí donde toque, no en la ley de movilidad sostenible», ha dicho dirigiéndose al PP.
Cristina López, del PSOE, ha dicho que el PP «mira hacia atrás». Y ha dicho que «juega con la seguridad de las personas» con el alargamiento de las nucleares. «El PP es un peligro para la gente, porque cada vez que tienen que escoger entre personas y negocio, escogen negocio», ha añadido.
Fuentes del ministerio para la Transición Ecológica explican a ON ECONOMIA que la enmienda del PP, si se hubiera aprobado, «no introduce cambios relevantes en el régimen por el cual se han de regir las solicitudes de autorización de explotación de las centrales, sino en los actos administrativos de autorización». Además, la enmienda modifica «de forma discrecional y unilateral» las órdenes ministeriales, privando al Consejo de Seguridad Nuclear de un pronunciamiento. Esto, dicen desde el gobierno español, «perjudica la seguridad» de las centrales. La orden de cierre «no ha supuesto obstáculo para que las empresas titulares soliciten una prórroga de acuerdo con la normativa», aclaran las mismas fuentes. Aseguran que la enmienda «introduce ruido y confusión» y además «no supone automáticamente una prórroga para las instalaciones». El gobierno español seguirá adelante con la petición al Consejo de Seguridad Nacional de un informe sobre el alargamiento.
Eloi Badia, de Sumar, ha defendido que «el calendario de cierre es una competencia exclusiva del gobierno español y así se recoge en la ley».
Fuente ON ECONOMIC
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