Uribe deberá pagar además una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos
El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha sido condenado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria a pagar más de 700 mil euros como parte de la sentencia que la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia, le ha impuesto al declararlo culpable por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. Además, el expresidente no podrá ejercer cargos públicos durante poco más de ocho años. Así se cierra este largo capítulo de 13 años, 67 días de audiencias, y más de 1.000 páginas en el fallo completo, que se han hecho públicas el viernes.
La historia comenzó en 2012 cuando el senador Iván Cepeda acusó a Uribe, que había dejado la presidencia dos años antes, de tener vínculos con el grupo armado Bloque Metro, parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que fueron organizaciones paramilitares que se enfrentaron a las guerrillas de izquierda y están señaladas de haber causado la muerte de miles de civiles durante décadas de conflicto. El Bloque Metro fue fundado a finales de los años 90 en Antioquia, el departamento colombiano donde Uribe fue gobernador entre 1995 y 1998.
Cepeda se apoyaba en testimonios de paramilitares y el expresidente lo acusó ante la Corte Suprema, afirmando que mentía. En 2018 la institución desestimó la denuncia contra el senador de izquierdas y abrió un caso contra Uribe por manipulación de testigos. Dos años más tarde, la Corte Suprema ordenó que Uribe permaneciera en arresto domiciliario por «riesgos de obstrucción a la justicia».
Uribe, que es considerado uno de los políticos más poderosos e influyentes de Colombia, estuvo detenido durante 66 días y renunció a su escaño como senador en el Congreso. Su caso pasó a la justicia ordinaria donde la jueza consideró probado que Uribe sabía de la búsqueda de testigos en cárceles para intentar favorecerse de sus testimonios y que cambiaran sus versiones.
«La justicia no se arrodilla ante el poder», dijo este lunes la jueza Heredia antes de leer su fallo con el que finalmente se llegaba al final de un largo proceso que tuvo varias solicitudes de la Fiscalía para ser cerrado por falta de pruebas aunque los jueces repetidamente reiteraron que sí había indicios penales.
Uribe apelará la decisión de la jueza
Previo a conocer la sentencia este viernes, el expresidente aseguró a través de su cuenta de X que está preparando los argumentos para apelar. «Las crisis más difíciles son las de afectación personal. Estas crisis personales necesitan la familia, los seres queridos, los amigos, los compatriotas convencidos que han apoyado, los lejanos pero con curiosidad objetiva», escribió.
Su equipo de abogados ha evitado responder a la decisión judicial de la jueza Sandra Liliana Heredia hasta que puedan analizarla «en detalle». Los abogados Jaime Granados, Jaime Lombana, Juan Felipe Amaya, Franklim Guevara y Édgar Barraza dijeron en un comunicado que mantienen «prudente silencio» hasta tener la sentencia completa -que debe ser publicada completa a partir de este viernes-, y que están en desacuerdo con los argumentos que la soportan.
La apelación será ante el Tribunal Superior de Bogotá a donde el equipo jurídico llegará afirmando, como en su comunicado, que «la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta».
Entretanto, Iván Cepeda ha insistido en que no hay motivaciones políticas tras el fallo de la jueza Heredia, y ha pedido analizar el tema desde lo jurídico exclusivamente ante las reacciones que acusan al sistema de justicia de plegarse a una suerte de vendetta. «El fallo es un fallo en justicia, en derecho y hay que entenderlo y analizarlo así».
Las reacciones al fallo
Pero la opinión del senador del oficialista Pacto Histórico cae en saco roto cuando el debate se hace político. Desde el mismo lunes hubo manifestaciones de calle celebrando la condena, mientras a las afueras del tribunal simpatizantes del expresidente se concentraron para manifestarle su apoyo.
La senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, calificó como «el fallo de la infamia» la decisión judicial. Mientras que su colega María José Pizarro, la izquierdista que busca ser el relevo de Gustavo Petro en el Palacio de Nariño, habló de un «fallo de la justicia».
Esa lectura binaria es la más extendida, viendo que hay elecciones para el Congreso y la Presidencia en la primera mitad de 2026 y que el proceso judicial contra Uribe avanzó definitivamente con la llegada a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo en marzo de 2024, nominada para el cargo por Gustavo Petro.
De hecho, el propio Cepeda no descarta una candidatura presidencial, aunque afirma que ello nada tendría que ver con el juicio a Uribe donde fue considerado formalmente como víctima. «Esa es una decisión independiente de esta otra circunstancia que ha ocurrido y atañe a muchos otros factores; no es una decisión que dependa de si había o no un fallo condenatorio, no».
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió al caso de Uribe y habló sobre la «instrumentalización» del poder judicial en Colombia. La congresista republicana María Elvira Salazar dijo que el expresidente fue condenado porque se negó a «pactar con criminales».
fuente: La Razón
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