Para ello, ordena crear un equipo conjunto, que estará integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza, apuntando ya a genocidio y otros delitos de lesa humanidad. De la misma forma, ordena crear para ello un equipo conjunto, que estará integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.
Así consta en un decreto en el que García Ortiz concede a Delgado la autorización que le pidió el 28 de julio para llevar a cabo estas pesquisas en calidad de «coinvestigadora», junto a Alonso.
Esta petición fue formulada por Delgado tras recibir «un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional relativo a las acciones del ejército israelí contra la población civil en la Franja de Gaza que podrían ser contrarias al Derecho Internacional, investigación desarrollada en el marco de la ‘Operación ELIAT'».
Según detalla el decreto, Delgado «procedió a analizar la información contenida en el informe elaborado por la unidad operativa, relativo –entre otros aspectos– al testimonio de testigos protegidos, y en el que también se aportan importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno».
García Ortiz habla de genocidio
García Ortiz indica que «los hechos que se describen serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 (genocidio) y siguientes del Código Penal», referidos a los delitos de lesa humanidad.
El fiscal general recurre su fianza
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo la fianza que le impuso el instructor Ángel Hurtado de cara al juicio por la presunta filtración contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según ha avanzado la ‘Cadena Ser’ y confirman fuentes jurídicas a Europa Press, en el recurso, la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, pide que se anule o, subsidiariamente, se rebaje la cantidad.
En un primer momento, Hurtado impuso al fiscal general una fianza de 150.000 euros que posteriormente rebajó a 75.000 euros tras darse cuenta de que había cometido un error en el cálculo porque en la primera cantidad incluía la posible multa, algo que la doctrina constitucional no permite, ya que supondría anticipar una eventual sentencia condenatoria.
El magistrado rebajó la fianza justo un día después de que García Ortiz aportara parte de su patrimonio para cubrir los 150.000 euros iniciales, al no contar con esa cantidad en efectivo.
Por su parte, la acusación particular que ejerce González Amador recurrió la primera fianza solicitando elevarla a 300.000 euros, pero finalmente ha desistido ante la «garantía» de su patrimonio.
Fuente: Atena 3
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