Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
Por Freddy González
Nací en el año 1950, cinco años después de finalizada la segunda guerra mundial y tres después de los inicios de la llamada Guerra fría y en el mismo año de la guerra de Corea iniciada por el gobierno demócrata de Harry S. Truman y continuado por el del republicano Dwight D. Eisenhower, y en el mejor momento de gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina autoproclamado el campeón del anticomunismo en América.
En los once años que viví de su satrapía, nunca leí, vi u oí que excepto la cuota oficial para el Partido Dominicano, a los empleados públicos se le conminara a pagar ningún servicio público que no fueran los estipulados por ley.
La circular no. 018931 de fecha 31 octubre del año en curso el Ministerio de la Administración Pública (MAP), combinando a ministerios, direcciones generales y demás entidades gubernamentales, a indagar si sus empleados pagan los servicios de energía eléctrica y agua potable, que no está contemplado en la ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12 y mucho menos la de Función Pública No. 408, además de ser una violación a preceptos constitucionales consagrados en los derechos fundamentales.
El artículo 44, establece el derecho a la Intimidad y el honor personal, señalando: «Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley.»
Pero, si es un abuso y exceso de poder obligar a los empleados públicos a dar informaciones privadas sobre compromisos contractuales privados, lo es mucho más, obligarlos a dar informaciones sobre terceros.
Los servicios de energía eléctrica y de agua es una relación contractual privada entré el ciudadano y las prestadoras de esos servicios en la que un estado democrático y social de derecho, los organismos estatales no deben intervenir a menos que no sea para la defensa de los derechos de sus ciudadanos.
Si lo que se busca es coadyuvar a superar el déficit que al estado causa la mala administración de las llamadas distribuidoras eléctricas y la estafa de las generadoras, no son los usuarios, ni los empleados públicos o privados que tienen que cargar con ese muerto.
Las causas fundamentales de los enormes subsidios otorgados por el estado al sector eléctrico, no está en la falta de pago de los empleados públicos, sino en las grandes empresas que además de las irritantes exenciones que reciben, no honran sus compromisos de pagos, conjuntamente con las grandes pérdidas en la distribución.
Los que cumplan sus acuerdos contractuales con las prestadoras de esos servicios, simplemente se les suspenden, algo que esas empresas hacen con mucha rapidez.
El presidente Luís Abinader debe ordenar la eliminación de esa circular que en nada favorece al gobierno, y que más bien son típica de regímenes dictatoriales en un estado de excepción.
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