El aval del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de Amnistía no supone un punto final a las consecuencias penales y administrativas del procés . Más allá del valor político de la sentencia, que da la razón al Gobierno y a los partidos independentistas que promovieron la ley, es posible que no tenga efectos prácticos inmediatos en una amnistía que en un año se ha aplicado por los tribunales de forma muy lenta y desigual. La norma ha beneficiado a unos 170 policías y a algo más de 200 independentistas, pero no a los principales dirigentes políticos que lideraron el referéndum del 1 de octubre del 2017.
El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ya avanzó ayer que, junto al recurso de amparo que presentará ante el TC después de que el Tribunal Supremo (TS) rechazara definitivamente amnistiar el delito de malversación que imputa a su cliente, pedirá como cautelar que se le levante ya la orden de detención que pesa sobre el expresidente de la Generalitat para que pueda regresar a Catalunya. Si el órgano de garantías estimase esta reclamación, sería el primer y más significativo efecto práctico de la sentencia de ayer.
Si el TC contradice al Supremo, este podría elevar la cuestión al TJUE, lo que paralizaría el procedimiento
De hecho, el TC aún debe resolver los 15 recursos que presentaron las comunidades autónomas del PP, pero el fallo de ayer constituye la base argumental que debe servir, previsiblemente, para rechazarlos. Más adelante, en otoño, el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido resolverá las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el TS y, finalmente, los recursos de amparo de los condenados o procesados por malversación, delito que el Alto Tribunal se resiste a amnistiar.
anto el juez instructor de la causa del procés , Pablo Llarena, como la Sala Penal del TS se agarran a una de las excepciones que contiene la ley para excluir de la misma a aquellos que hubieren actuado con un “propósito de beneficio personal de carácter patrimonial”. Para Llarena, los líderes del procés obtuvieron una ganancia patrimonial al no poner de su bolsillo el coste de los actos que desembocaron en el referéndum del 1-O, doctrina que ha sido respaldada por todas las instancias del Supremo, en contra del criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.
Será pues en el análisis de los recursos de amparo cuando el TC deberá deliberar sobre la doctrina del Supremo respecto a la malversación, que mantiene inhabilitados a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, indultados de la pena de cárcel, y los procesados Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Estos recursos en general acusan al TS de reinterpretar la ley desoyendo el mandato del legislador.
Fuente LA VANGUARDIA
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