A. B. Ramos
El Gobierno ha destinado el grueso del gasto previsto para 2023 a tres partidas principales: deuda pública, funcionarios y pensiones. En concreto, la revalorización de las jubilaciones con la inflación (8,5%) ha llevado al PP a hacer un ejercicio de equilibrismo entre la crítica al Ejecutivo por la «insostenibilidad» del sistema a medio plazo y el apoyo cerrado a la medida y a lo estipulado en el Pacto de Toledo. La posición en Génova en lo relativo a la subida de las pensiones no ha cambiado un ápice, pero sí cuestionan su viabilidad económica dentro de un plan de ingresos bajo la lupa de la Comisión Europea.
El PP no ha trabajado aún en el modelo que implantaría Alberto Núñez Feijóo para garantizar la sostenibilidad del sistema. Y es un melón que el primer partido de la oposición no abrirá en el corto plazo, menos aún sin haber analizado en profundidad el libro amarillo que este jueves presentó María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados. Por lo pronto, la dirección del partido desmiente categóricamente que esté trabajando en una propuesta para actualizar las pensiones de forma progresiva, aunque haya voces en el partido que esbocen «a título personal» la hipótesis de actualizar con el IPC solo las pensiones más bajas, sobre todo si los tambores de recesión comienzan a sonar con más fuerza.
Fuente EL CONFIDENCIAL
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