Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
Por Becker Márquez Bautista
Recientemente, el Senador Rafael Barón Duluc Rijo (Cholitín) sometió una iniciativa para regular los medios digitales. Paralelamente, el Poder Ejecutivo también presentó un proyecto de ley sobre libertad de expresión en la República Dominicana. Esta situación ha generado una comprensible preocupación en diversos sectores de la sociedad. Un aspecto particularmente inquietante de este proceso radica en la aparente exclusión de los propios medios digitales de las discusiones y la participación en la elaboración de la normativa. La propuesta, impulsada principalmente por medios escritos y formales, plantea una regulación que curiosamente deja al margen a estos últimos.
Senador Cholitín, a veces es más efectivo convocar mesas redondas para escuchar las diversas opiniones de todos los implicados en cualquier proyecto legislativo.
Esta omisión contraviene principios fundamentales de buena gobernanza y elaboración normativa. El principio de participación exige que aquellos cuyos derechos e intereses se verán directamente afectados por una regulación tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista y contribuir al diseño de la misma. Ignorar a los medios digitales en este proceso no solo es injusto, sino que también puede conducir a una legislación que no comprenda la dinámica, las particularidades y los desafíos propios del entorno digital.
El principio de racionalidad demanda que cualquier regulación se base en un análisis exhaustivo de la realidad que busca abordar, considerando todas las perspectivas relevantes y sopesando los posibles impactos. Elaborar una ley sobre medios digitales sin la activa participación de quienes operan y conocen este ecosistema inherentemente corre el riesgo de ser incompleta, ineficaz o incluso contraproducente.
Finalmente, el principio de audiencia implica que los órganos legislativos y reguladores deben escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los directamente interesados. Los medios digitales, como actores centrales en el panorama informativo actual, tienen un conocimiento profundo de los desafíos y las oportunidades que plantea su propio funcionamiento. Su exclusión de este debate crucial debilita la legitimidad y la pertinencia de cualquier regulación que se pretenda implementar.
La libertad de expresión, un pilar esencial de cualquier sociedad democrática, se encuentra intrínsecamente ligada al funcionamiento de los medios, tanto tradicionales como digitales. Cualquier intento de regulación debe sopesar cuidadosamente el objetivo legítimo de abordar posibles daños o abusos con el riesgo de restringir indebidamente la libre circulación de ideas y opiniones. Una regulación impuesta sin la participación de los actores clave del entorno digital podría sentar un precedente peligroso y generar un clima de incertidumbre y temor que afecte la vitalidad de la expresión en línea.
Es crucial que el proceso de elaboración de cualquier normativa que afecte a los medios digitales en la República Dominicana se revierta para incluir una participación activa y equitativa de todos los actores involucrados, incluyendo a los propios medios digitales, la sociedad civil, los expertos en tecnología y los defensores de la libertad de expresión. Solo a través de un diálogo abierto, transparente e inclusivo se podrá construir un marco regulatorio que, sin menoscabar la libertad de expresión, aborde los desafíos del entorno digital de manera efectiva y legítima. La exclusión y la imposición no son el camino para construir una sociedad de la información plural y democrática.
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