Tras un tira y afloje entre los partidos tradicionales y el gobierno nacional fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la Reforma a la Salud, principal promesa de campaña del gobierno de Gustavo Petro. Esta reforma pretende desmontar el sistema privado de las EPS regido por la Ley 100 de 1993.
Los pilares de la reforma son ante todo eliminar los intermediarios en la financiación de la salud y así recuperar los recursos públicos que se destinan para proporcionar estos servicios. Otra novedad es que se concentrará en la atención primaria y la prevención de enfermedades; y mejorará la situación laboral de los trabajadores del sector.
El sistema de salud orbitará alrededor de los Centros de Atención Primaria (CAPS), los cuales serán los encargados de proporcionar cobertura a la población, cada uno de estos atenderá a 25.000 personas en un territorio específico. Con esto, el Gobierno pretende disminuir las desigualdades entre el sector urbano y las zonas rurales más apartadas, que actualmente son las más afectadas.
En su artículo 83 se decreta que: “Todas las personas, sus familias y hogares deberán estar adscritos a un Centro de Atención Primaria Integral Resolutiva en salud, en función de su lugar de residencia”.
Quizá el cambio más radical, y, por tanto, el que ha generado más resistencias en los sectores conservadores y neoliberales, es la administración de los recursos públicos. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales han sido fuertemente criticadas por especular y hacer negocio con los recursos de salud, ya no cumplirían este papel de intermediario. Será directamente la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) quien hará los pagos directamente a clínicas, hospitales, laboratorios, farmacias, como lo dicen los artículos 60 y 49.
Las EPS contarán con dos años para transformarse en gestoras de salud, tendrán menos funciones y estarán regidas por la ADRES, es decir, que prestarán servicios, pero no tendrán afiliados. Esto no implica que desaparezcan las entidades privadas o mixtas, que podrán seguir prestando sus servicios, pero de acuerdo a lo planeado por el organismo ya mencionado.
La reforma pretende luchar contra la precarización de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, quienes serán beneficiados con mejoras salariales, autonomía médica, mayor capacitación, actualización continua para el personal, y condiciones de ascenso, priorizando a los que laboran en zonas rurales. El artículo 46 plantea que los médicos serán trabajadores estatales.
Esta reforma, – una de las banderas del Gobierno-, se ha convertido en un reflejo de la pugna entre quienes insisten por el neoliberalismo y quienes pretenden retomar lo público y que el Estado vuelva a asumir los derechos de la población. No es casualidad que gremios empresariales como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ASEMI), la ANDI, exministros de salud de los anteriores gobiernos y partidos políticos tradicionales estén unidos en oposición a la reforma.
Por ahora, el gobierno logró ganar los votos necesarios, en donde se incluyen los de algunos congresistas que no hicieron caso a sus jefes políticos, como César Gaviria, Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda, que ordenaron a sus bancadas oponerse a la reforma. A esta, le restan tres debates: uno en plenaria de la Cámara y dos en el Senado de la República.
Fuente Colombia Informa
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