El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en La Moncloa. © Samuel Sánchez (EL PAÍS)
Por preguntar sobre el incumplimiento de varias sentencias del Tribunal de Estrasburgo
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se molestó mucho cuando, la tarde de este jueves, la prensa española le hizo una pregunta sobre derechos humanos en la rueda de prensa conjunta con Pedro Sánchez tras la reunión de alto nivel (RAN) que protagonizaron ministros de los dos países en La Moncloa y en la que ambos presidentes mostraron mucha sintonía política sobre todo en las dos cuestiones de política internacional más relevantes del momento, las guerras en Gaza y Ucrania, que ambos rechazaron de plano.
De hecho, Erdogan alabó especialmente la posición de Sánchez al reconocer a Palestina, y le confirió por ello una posición de “liderazgo mundial” que claramente ha granjeado al presidente muchas amistades entre los países árabes y en general de mayoría musulmana. “Sánchez contribuyó a movilizar la conciencia mundial contra las atrocidades de Israel”, sentenció el presidente turco.
El español además garantizó que los misiles Patriot españoles que están defendiendo Turquía en el marco de una operación de la OTAN, y que reclama Ucrania para combatir la invasión rusa, se quedarán en el país de Erdogan, algo que el turco agradeció especialmente. La rueda de prensa discurría con palabras amables de los dos presidentes, hasta que Erdogan se molestó por una pregunta que realizó EL PAÍS representando a todos los compañeros de la prensa española, como es habitual en este formato, en el que intervienen dos periodistas españoles que pactan las preguntas con los demás para poder hacer las que más interesen a toda la prensa nacional.
La pregunta se refería al incumplimiento sistemático por parte de Turquía de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que depende del Consejo de Europa, un organismo del que el país de Erdogan es fundador, por lo que está obligado a cumplirlas. La pregunta señalaba, en el marco de una reunión de alto nivel de mucho contenido económico, fue: “¿Cómo pueden confiar las empresas españolas en la seguridad jurídica de Turquía cuando su gobierno se niega a cumplir las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exigen la liberación del exlíder del partido prokurdo HDP, Selahattin Demirtaş, y del filántropo Osman Kavala?
“Turquía es un país de derechos”, arrancó el presidente, que defendió que él tiene que hacer lo que digan los tribunales de su país, que se niegan a cumplir esas sentencias y sobre los que el presidente tiene una gran influencia. “Sobre los nombres que ha dado, uno de ellos ha causado más de 100 muertes de niños. Y también ha apoyado actos de terrorismo en el sur de nuestro país.
Esta pregunta es muy preocupante. Me sorprende que un periodista esté defendiendo a los terroristas. Sea Kavala, Demirtas, cualquier dictamen de la justicia lo tenemos que cumplir. Estamos dispuestos a cumplir con las necesidades de la justicia. Está claro que usted no vive en Turquía. Para nosotros, es necesario hacer algunas cosas para establecer paz y las vamos a seguir haciendo”, remató en tono muy molesto.
En diciembre de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sentenció que el empresario y filántropo Osman Kavala —al que la Justicia turca ha acusado de orquestar las multitudinarias protestas del parque de Gezi en 2013 con la intención de “derrocar” al Gobierno— debía ser “inmediatamente liberado” puesto que las acusaciones que se le hacían “carecían de indicios razonables”, el juicio contra él no estaba siguiendo el proceso debido y su prolongada detención tenía “el propósito de silenciarle” y buscaba el “efecto de amedrentar a la sociedad civil”. Kavala está detenido desde 2017.
Un año después, el mismo tribunal consideró que también los derechos del exlíder del principal partido kurdo de Turquía, Selahattin Demirtas, habían sido violados al “hacer una interpretación demasiado amplia de los delitos de terrorismo” para mantenerlo bajo detención. Los jueces consideraron que se habían violado también los derechos de “libertad de expresión”, a la participación electoral y a la inmunidad parlamentaria. Demirtas sigue en la cárcel desde su detención en 2016.
Sin embargo, el propio Erdogan, en cuando se conoció la sentencia de Estrasburgo y antes incluso de que el tribunal que llevaba el caso de Demirtas entrase a valorarla, dijo que lo decidido por el tribunal paneuropeo “no atañe” a Turquía y le acusó de “apoyar el terrorismo”.
La negativa de Ankara a acatar las decisiones del TEDH llevaron al Consejo de Europa a iniciar un “procedimiento de infracción” contra el país euroasiático. Diferentes instancias del Consejo de Europa, organización de la que Turquía es fundadora y que es independiente de la UE, han instado en repetidas ocasiones a que el Gobierno de Erdogan honre sus obligaciones como estado miembro.
Especialmente desde la entrada en vigor de la reforma constitucional de 2017, que incrementó los poderes del presidente y su capacidad para nombrar jueces, la oposición y las organizaciones de derechos humanos han denunciado que los tribunales actúan cada vez más en línea con los deseos del Gobierno. La última gran crisis dentro de la judicatura turca precisamente ha tenido que ver con este tipo de presiones: una sala del Tribunal Supremo se querelló en noviembre contra el Constitucional —el único alto tribunal de Turquía donde quedan jueces que no han sido nominados por Erdogan o su partido— por haber decretado la excarcelación del abogado Can Atalay, también condenado por las protestas de Gezi pero que había sido elegido diputado por una formación izquierdista y, en teoría, debía tener derecho a recoger su acta. Pero Erdogan criticó el fallo que exigía su excarcelación y el tribunal que lo juzgaba se negó a acatar al Constitucional.
Fuente EL PAÍS
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