La licenciatura en Comunicación Social tiene una duración de cuatro años. Regularmente los jóvenes que estudian la carrera, al terminar, realizan una maestría en una de las múltiples áreas de esa ciencia, porque en estos tiempos se requiere tener grados y postgrados, producto de los avances científicos y tecnológicos, pero también de la competencia del mercado. Conozco a muchos profesionales que tienen múltiples estudios de cuarto nivel. Es decir, estudian durante un período hasta de diez años.
Sin embargo, ninguna profesión está hoy día tan invadida por intrusos como es el periodismo. Es verdad que la Constitución de la República establece, en su Art. 49, lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”.
La libre expresión del pensamiento es un derecho, pero guarda distancia con el ejercicio del periodismo, el cual tiene que estar regulado y reservado para aquellos que son titulados o que están registrados en el Colegio Dominicano de Periodistas, por lo que se impone que las escuelas de comunicación social y la entidad que agrupa a los comunicadores elaboren un anteproyecto de ley y el mismo sea depositado en la Cámara de Diputados.
Es inconcebible que todavía, en el 2023, el periodismo descanse en una norma jurídica como la desfasada 10-91, que crea el Colegio Dominicano de Periodistas, pero que no trata múltiples aspectos relacionados al ejercicio de la profesión.
Particularmente pienso que las cámaras legislativas no pondrían objeción alguna en aprobar una ley que regule, dignifique la profesión y acabe de una vez y para siempre con la invasión permanente de usurpadores que se autodenominan periodistas. En República el que dice ser médico o abogado sin ser una cosa ni otra tiene problema judicial. ¿Por qué razón, los comunicadores de profesión, tenemos que permitir que muchos que hablan en medios electrónicos o en Youtube se califiquen periodistas?
Es un relajo. Así como está el periodismo hoy día no creo que motive a los bachilleres dominicanos a estudiar esa carrera universitaria. Urge tomar las medidas de rigor. Observo que algunas damas presentadoras de televisión se autodenominan periodistas, sin que, en la mayoría de los casos,cuenten con los estudios requeridos, sin estar inscritas en CDP y sin haber escrito nunca una nota de prensa.
Una nota de prensa bien elaborada, basada en la técnica de la pirámide invertida y en un conjunto de normas estilísticas, es más difícil de realizar que un artículo de opinión, porque para este último género simplemente basta con saber redactar y dominar el tema. Para ser articulista necesariamente no hay que ser periodista. A los articulistas, en los medios, se les denomina colaboradores.
Otro aspecto importante que debía estar plasmado en una nueva ley periodística es el asunto de las pensiones. En la actualidad se alcanzan pensiones del Poder Ejecutivo, pero se trata de favores presidenciales, no es nada obligatorio. Además, los montos son muy bajos. Son pensiones de 35 mil pesos, que algunos comunicadores de cierta reputación declinan, porque piensan que aparecer en una lista con una pensión similar afecta su prestigio.
Peor aún: los requisitos que solicita el CDP a los periodistas es para que solo califiquen aquellos que tienen el perfil de mendigo. Así no se dignifica a una profesión. Todo lo contrario. Y posiblemente esa sea la razón por la cual muchos de los “afortunados” con las pensiones no sean conocidos siquiera en el ámbito periodístico. En ocasiones no se conocen los nombres, mucho menos el ejercicio.
Lo ideal sería, de forma transparente, que todo el que tenga 60 o más años de edad y 30 años o más de ejercicio profesional sea candidato calificado para una pensión adecuada. No importa si tiene o no para la medicina o si come bien o mal.
Todos los 5 de marzo, que es el Día del Periodista en República Dominicana, un grupo de comunicadores podría festejar su retiro con una pensión que les permita desenvolverse, sin mayores dificultades, los años que les restan de vida.
Y que sea un asunto establecido mediante ley, para que nunca más ocurra como en los dos años que presidió el amigo Adriano de la Cruz, cuando el entonces presidente de la República, Danilo Medina, no favoreció pensiones de comunicadores, bajo el rumor de que el reconocido profesor es leonelista. Adriano puede ser de quien le dé la gana, es su derecho. Y no es razón para afectar a todos los comunicadores.
Los comunicadores, reitero, también merecen un retiro decente, tal y como ocurre con los profesionales de otras áreas.
La nueva ley periodística, por la que tienen que luchar el CDP, las escuelas de comunicación social y todos los periodistas dominicanos, debía de establecer, de igual manera, la protección de colegas que ofrecen servicios en los sectores público y privado. Los que trabajan en órganos estatales, sobre todo, viven en la inseguridad laboral cuando hay cambio de gobierno o de un nuevo jefe, sin que haya un instrumento jurídico que los proteja, tal y como están protegidos los médicos y los maestros.
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