Reclaman a Procuraduría y Ética Gubernamental indagar entramado que ya está construyendo un Megaproyecto en Cabo Rojo, Pedernales
SANTO DOMINGO, R.D.- La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunció que personas particulares han logrado adjudicarse y obtener títulos de 14 millones de metros cuadrados de terreno del Estado, ubicados en áreas protegidas de Pedernales.
Incluso, la entidad ha denunciado que ya se anunció un megaproyecto turístico en el Paisaje Protegido Playa Cabo Rojo, en Pedernales, zona conocida como Bucanyé.
La Coalición reclama que el Gobierno y el sistema de justicia frenen, de una vez y por todas, la cultura de impunidad que persiste en la apropiación fraudulenta de terrenos protegidos por la Constitución y las leyes.
En ese sentido, ha solicitado formalmente este jueves a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que hagan todas las indagatorias necesarias para determinar cómo y en qué circunstancias ha sido posible que personas particulares hayan podido obtener títulos y deslindes de propiedad en terrenos que forman parte del Paisaje Protegido Playa Cabo Rojo-Pedernales.
Esos terrenos, dijo, se presumen son parte de la litis en la que el Estado dominicano ha reclamado en justicia la restitución a su nombre, y que originalmente formaron parte del fraude inmobiliario conocido como «Bahía de las Águilas».
Señala que «se hace necesario que las autoridades indaguen y aclaren cuál fue el mecanismo utilizado para vulnerar la normativa vigente para que la Jurisdicción Inmobiliaria emitiera dichos certificados de títulos dentro de un área protegida, visto el requerimiento de una constancia de ‘no objeción’ por parte de la autoridad competente, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente, en estos casos»
Sostienen que, además de este requerimiento procesal, estos hechos violan la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, que establece en su artículo 9 que: «Los terrenos pertenecientes al Estado que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas son imprescriptibles e inalienables y sobre ellos no puede constituirse ningún derecho privado».
La Coalición señala, igualmente, que la Constitución de la República, en su artículo 16, que se refiere a las áreas protegidas, establece: «La vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles».
La entidad hizo saber a la Procuraduría y a la Dirección de Ética que Salvador Catrain (abogado-hijo del senador del PRM por la provincia de Samaná), quien es representante de Oceanus Investment SRL y del empresario español, Elías Hernández Barrera, declaró a un medio de información, que «el 2021 firmaron un acuerdo con la Dirección General de Alianzas Público Privadas, donde se reconoce el derecho a propiedad de Oceanus Investment sobre los inmuebles ubicados en la parcela 40 y una porción de la parcela 41, del D.C. No. 3, de Enriquillo, Barahona, así también como la seguridad jurídica de los mismos.»
Entiende que debería ser del interés de ambas instituciones (Ministerio Público y Dirección de Ética) procurar ante los funcionarios firmantes y la Jurisdicción inmobiliaria, si este acuerdo se ha utilizado como base para la obtención de los títulos, supuestamente de origen fraudulento.
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas sostuvo que el ministro Miguel Ceara Hatton y otras autoridades del Ministerio de Medio Ambiente no pueden alegar desconocimiento de que este proceso de ocupación se estaba llevando a cabo.
Esto así, señala, porque el Ministerio de Medio Ambiente recibió del referido inversionista una comunicación, en fecha 22 de abril de 2022, en la que les declara «ser propietario de varias porciones de terreno, en el área de Bucán Yé y en el ámbito de las parcelas 40-L y 40-L4».
Además, agrega que el 30 de mayo 2022, el Ministerio emitió un «informe sobre cerco y remoción de suelo» de estos terrenos.
Además, destaca que en los meses siguientes hubo varias citaciones y reuniones de entidades ambientalistas para tratar el tema con el viceministro de áreas protegidas, Federico Franco, y el ministro Miguel Ceara Hatton.
Por esa razón, la Coalición considera necesario que el Ministerio Público y las autoridades competentes, abran una investigación sobre las posibles responsabilidades, por acción y omisión, en las que habrían incurrido la Jurisdicción Inmobiliaria, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y el Ministerio de Medio Ambiente, «para que hoy tengamos como resultado que la titularidad un área protegida haya sido transferida a particulares que obtuvieron más de 15 títulos en el último año y que estos estén haciendo ocupación de la misma y solicitando permisos para la construcción allí de un complejo hotelero».
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas dijo confiar en que las autoridades del Ministerio Público y la Dirección de Ética, actúen y den una oportuna respuesta sobre dicha situación, un caso que a simple viste se proyecta más escandaloso que el de Punta Rucia- la Ensenada en Puerto Plata y el de Bahía de las Águilas.
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