Está condenado a 12 años de cárcel por tráfico de drogas. Tras ingresar en el Programa de Protección de Testigos, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y ahora logró fugarse.
Dijo que tenía hemorroides y se escapó. Federico “Morenita” Marín estuvo prófugo en Paraguay, Tucumán, luego en Corrientes, y se mantuvo escondido tres años, buscado por la justicia. Se tiroteó con policías y terminó entregándose después de una larga negociación. Fue condenado a 12 años de prisión por tráfico de drogas, en otra causa a ocho años y tiene todavía juicios pendientes. Cuando lo detuvieron, en 2018, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que era “el narco más buscado del país”. Y el fiscal antidrogas, Diego Iglesias -señalado como la voz en la Argentina de la más cuestionada agencia norteamericana, la DEA-, coincidió con la ahora candidata presidencial del PRO. Sin embargo, pese a ser jefe narco, a tener más de 20 años de condenas, de haber sido prófugo, fue aceptado como arrepentido por el propio Iglesias, tras una negociación que nunca se filmó -como ocurrió con otros arrepentidos en la causa Cuadernos o con Alejandro Vandenbroele en el expediente Ciccone- y Morenita empezó a recibir beneficios. El más sorprendente fue que el fiscal antidrogas dictaminó a favor de otorgarle prisión domiciliaria. El miércoles, con la excusa de ir a tratarse las hemorroides, Morenita desapareció. Nuevamente quedó expuesto el negocio de los arrepentidos.
Tratativas oscuras, oscurísimas
El artículo 6 de la Ley del Arrepentido lo dice clarísimo: “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior». O sea, debe grabarse, filmarse. ¿Para qué? Justamente para que la ya cuestionable negociación con un delincuente sea transparente. No se le den beneficios que no están escritos y que sean legales.
Pero, además, lo que resulta imprescindible es que el arrepentido entregue un escalón superior de la banda, algo que no cabe en el caso de Morenita, que -según Bullrich y el fiscal Iglesias- era el jefe de la organización que proveía drogas a Tucumán, Córdoba, Mendoza, Chaco, Santa Fé y la Villa Zabaleta en la Ciudad de Buenos Aires. La operación para atrapar a la banda se llamó Sapucay.
¿A cambio de qué lo aceptaron a Morenita como arrepentido? A cambio de declarar en contra de un juez de Itatí y dos secretarios, que están siendo juzgados en este momento. O sea, la maniobra consistía en quedarse con un juzgado considerado de importancia para Estados Unidos porque queda sobre el Río Paraná, frente a Paraguay, en una zona sobre la que más de una vez Washington presionó para tener una base militar-policial.
Lo insólito es que Morenita Marín, que declaró contra el juez y los secretarios ante los fiscales, no concurrió al juicio, algo que lo invalida como arrepentido, porque no quiso exponerse a las preguntas de los abogados defensores del juez Carlos Soto Dávila y dos secretarios, Pablo Molina y Federico Grau. Por esa razón -no declarar en el juicio- debió anularse la domiciliaria, pero nada rompió el pacto oscuro, oscurísimo, sellado entre los fiscales y el arrepentido.
Operación evaporarse
Por orden de los jueces, el Poder Ejecutivo tuvo que aceptar a Marín en el Programa de Protección de Testigos desde el final del año pasado. Por lo tanto, el estado le paga una vivienda a Morenita, su esposa María Lourdes Alegre y los cinco hijos de la pareja. Alegre también había sido sindicada como responsable de operaciones de narcotrafíco, pero se ve que la incluyeron en las tratativas de arrepentimiento, porque rápidamente la absolvieron. Antes, en una pirámide que esbozaron los investigadores, en la punta superior estaba Morenita, luego su lugarteniente, Ricardo «Caballo» González, y en el tercer escalón, figuraban un tal Luis Romando y Alegre, la pareja de Morenita. La pirámide desapareció misteriosamente.
Todo indica que la familia fue alojada en una población pequeña de la Provincia de Buenos Aires, porque la tobillera electrónica no tenía GPS, sino una vinculación al teléfono de la vivienda. Por lo tanto, sonó cuando Morenita salió de la casa, pero al no tener GPS no se podía monitorear adónde iba.
Cuando se disparó la alerta en la División Vigilancia Electrónica, el hombre explicó que tuvo que ir al hospital por las hemorroides que, efectivamente, figuran en su historia clínica. Pero el miércoles volvió a sonar la alarma y esta vez Morenita no volvió a la casa. Cuando fueron al hospital, quedó en claro que nunca se había ido a atender.
Notificado el Tribunal Oral Federal 3, que está a cargo de la ejecución de pena de Marín, se demoraron casi 24 horas en ordenar que la policía lo salga a buscar. A la noche siguiente, el jueves, recién emitieron la orden de captura nacional e internacional.
La versión más extendida es que Marín está escondido en islas del Paraná que pertenecen a Paraguay y en la ciudad de Itá Corá, también en Paraguay.
El “negocio” de los arrepentidos
La Drug Enforcement Administration (DEA), es la agencia antidrogas de Estados Unidos, con dudosísima fama de operar de los dos lados del mostrador, del lado de los narcos y, supuestamente, del lado de la justicia. El fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), es señalado unánimemente como la pieza de la DEA en la Argentina. Con ese trasfondo, llama la atención que haya abogado para que le otorguen la domiciliaria a Morenita. “Tanto la fiscalía número 4 como la Procuraduría de Narcocriminalidad, al contestar la vista conferida, se pronunciaron en sentido favorable a la conexión de la prisión domiciliaria”, dice el texto del juez de Saénz Peña que rechazó otorgarle el beneficio a un hombre con semejantes antecedentes. Después, apelando, se ve que consiguió el pase para salir de la cárcel hacia su nuevo hogar dulce hogar.
El punto central es lo que se esconde detrás de las negociaciones con los arrepentidos. Como no grabaron ni filmaron las tratativas -igual que en el expediente de las fotocopias de los Cuadernos o en Ciccone- recién después nos enteramos, por ejemplo, que a Vandenbroele le pagaron con un hotel su dudosísimo testimonio contra Amado Boudou. O, en el caso del chofer Oscar Centeno, le toleraron que haya mentido: dijo que quemó los cuadernos en una parrilla y luego aparecieron intactos. Y tampoco pudo constatarse, como señalaron varios de los arrepentidos, que les decían “o declarás contra Cristina o dormís en la celda. Si declarás contra CFK esta noche dormís en tu casa”. Usan a los arrepentidos contra los adversarios y para simular lucha antidrogas y anticorrupción.
Lo de Morenita Marín fue aún peor. Estuvo prófugo en todos lados, se tiroteó con la policía, escapó a un operativo chocando patrulleros, era el jefe de la banda, no fue a declarar en el juicio y, al final, se escapó.
Es todo parte de un mal show, con libreto norteamericano. Hacen publicidad de descomunales operativos y detenciones “del mayor narco de la Argentina”, luego arreglan declaraciones contra los adversarios y les terminan dando una cantidad insólita de beneficios. A tal punto, que Morenita usó «el negocio del arrepentido» para esfumarse y volver a ser el del principio, prófugo.
Fuente: Resumen Latinoamericano
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