Fiscalía chilena se mostró a favor del pedido del Estado peruano para que sea juzgado por la justicia local por otros delitos, más allá de los que dieron pie a su extradición en 2007. Decisión final está en manos de la Corte Suprema
La Fiscalía Suprema de Chile recomendó conceder la ampliación de la extradición contra Alberto Fujimori a ocho casos, incluido uno por la venta ilegal de armas a las FARC, en los años 90.
Medida que aún debe ser evaluada por la Corte Suprema chilena permitiría que Fujimori sea procesado “por su responsabilidad como autor de los delitos de suministro ilegal de armas fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros”.
La reciente recomendación de la Fiscalía Suprema chilena fue adoptada mediante el Documento N.° 319 del Exp. 17850-2021 y fue dada a conocer ahora por la Procuraduría General del Estado peruano (PGE)
La PGE había solicitado la ampliación de la extradición de Fujimori dado que, en el año 1999, el expresidente de Perú habría vendido, desde Lima, un total de 10 000 fusiles jordanos a favor de la guerrilla de las FARC.
Dicho caso estalló en agosto del año 2000 cuando se reveló que la supuesta operación estatal, que desbarató una mafia de peruanos y extranjeros dedicada al tráfico de armas, era una farsa.
Según la investigación, los detenidos eran parte de una operación secreta de Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos para dotar de armas a las FARC, una guerrilla que mató a civiles y militares colombianos durante décadas.
Montesinos llegó a ser sentenciado a 20 años de cárcel por este delito tras confirmarse su involucramiento en la compra del armamento; pero Fujimori no, por lo que se busca también una condena contra él en este caso.
Los otros casos por los cuales también se ampliaría la extracción de Fujimori son ejecuciones en la residencia del embajador de Japón, homicidios en el penal Castro Castro, esterilizaciones forzadas, la compra de un canal de televisión, entre otros.
| De acuerdo con el documento de la Fiscalía Suprema de Chile, se sugiere conceder la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori por su responsabilidad como autor de los delitos consumados de: Suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, violación de soberanía de un estado extranjero, falsedad genérica y conspiración, consignados en la Nota N° 234 de la Embajada de Perú. Homicidios calificados y secuestros agravados de los miembros de la familia Ventocilla, consignados en la Nota N° 288 de la Embajada de Perú. Secuestros agravados respecto de Arturo Moreno Alcántara y otros, consignados en la Nota N° 291 de la Embajada de Perú. Homicidios calificados de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros, en operativo de rescate de rehenes en la Residencia del Embajador de Japón en Lima, consignados en la Nota N° 287 de la Embajada de Perú. Asociación ilícita para delinquir y peculado, consignados en la Nota N°289 de la Embajada de Perú. Homicidios calificados de Juan Bardales Rengifo y otros, por lesiones, graves de Margot Lourdes Liendo y otros, ocurridos en el Penal Miguel Castro Castro consignados en la Nota Nº 290 de la Embajada de Perú. Revelación de secretos de interés nacional en agravio del Estado Peruano, consignados en la Nota N° 286 de la Embajada de Perú. Delitos de lesiones graves seguidos de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos en agravio de Maria Mamerita Mestanza Chávez y otras, y por lesiones graves en un contexto de grave violación de derechos. |
Cabe indicar que en 2007 Fujimori fue extraditado desde Chile para ser juzgado solo por delitos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos, homicidio calificado, desaparición forzada y tortura.
Por estos hechos, fue condenado a 25 de prisión que cumplía hasta que fue indultado en 2017. Dicho indulto fue revocado menos de un año después por la Corte Suprema y Fujimori retornó a la cárcel.
Sin embargo, el 6 de diciembre de 2023 Fujimori volvió a ser excarcelado, luego de que el Tribunal Constitucional restituyera los efectos del indulto, desacatando una orden de la Corte Interamericana que exigía al Estado abstenerse de indultarlo.
Fuente Servindi
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