La mayoría conservadora de la Corte Suprema ha limitado la capacidad de los tribunales federales para emitir interdicciones de alcance nacional, una herramienta clave utilizada en el pasado para frenar iniciativas centrales del presidente Donald Trump.
En un fallo emitido este viernes, con una votación de 6 a 3 y opinión redactada por la jueza Amy Coney Barrett (nombrada por Trump), la Corte determinó que los jueces federales excedieron su autoridad al bloquear una orden ejecutiva que redefine unilateralmente los criterios de ciudadanía. Según el texto del fallo, las medidas cautelares a nivel nacional “exceden la autoridad equitativa que el Congreso otorgó a los tribunales federales”.
La decisión permite la posible aplicación parcial de la orden ejecutiva de Trump, lo que, según expertos legales, podría afectar los derechos constitucionales de miles de niños nacidos en Estados Unidos. No obstante, la Corte mantendrá suspendida la medida durante 30 días, período en el cual los tribunales inferiores podrán reconsiderar el alcance de sus interdicciones y los demandantes tendrán la oportunidad de presentar nuevos desafíos judiciales.
Sin embargo, el fallo no resuelve de forma definitiva los desafíos legales vinculados a la ciudadanía por nacimiento. Varios tribunales federales ya habían rechazado el intento del presidente Donald Trump de negar la ciudadanía a bebés nacidos en territorio estadounidense de ciertos padres inmigrantes. El gobierno sostuvo que esos fallos judiciales deberían aplicarse únicamente en los estados involucrados en las demandas y solo a los hijos aún no nacidos de madres embarazadas en esas jurisdicciones, sin extenderse a nivel nacional.
Grupos opositores advirtieron que esta postura podría abrir una vía indirecta para restringir derechos constitucionales a determinados ciudadanos. En una disidencia contundente, la jueza Sonia Sotomayor describió la decisión de la Corte como “una burla al Estado de derecho”.
Permitir que el presidente redefina de forma unilateral quién puede ser ciudadano estadounidense, pero solo en determinados estados donde se aplique una reinterpretación de la 14.ª Enmienda, daría lugar a un sistema fragmentado de derechos constitucionales y beneficios de ciudadanía, incluido el derecho al voto.
De acuerdo con los demandantes, más de 150.000 recién nacidos podrían quedar excluidos de la ciudadanía cada año bajo la orden ejecutiva impulsada por Donald Trump.
“La realidad es esta: el fallo de hoy permite que el Poder Ejecutivo niegue derechos que los Fundadores dejaron claramente escritos en nuestra Constitución, siempre que esas personas no hayan conseguido un abogado o no hayan solicitado a un tribunal, de cierta manera específica, que proteja sus derechos”, escribió la jueza Ketanji Brown Jackson en su voto disidente.
La decisión de la Corte otorgó a Trump la “prerrogativa de, en ocasiones, ignorar la ley”, según advierten sus críticos, y abre la puerta a “poner en grave peligro tanto nuestro sistema legal como nuestro sistema de gobierno”.
En enero, más de 20 estados, junto con organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes y mujeres embarazadas, presentaron una demanda para bloquear la orden ejecutiva impulsada por el presidente.
Tres jueces federales y tribunales de apelación determinaron que la orden ejecutiva del presidente Trump vulnera la Constitución y suspendieron su aplicación a nivel nacional mientras continúan los litigios. Durante las audiencias orales, los jueces liberales de la Corte Suprema expresaron sorpresa y preocupación, al considerar que la medida presidencial podría ser “ilegal”.
Sin embargo, el gobierno no centró su defensa en justificar si el presidente posee autoridad para reinterpretar la 14.ª Enmienda, sino en impugnar un obstáculo clave para su agenda: la facultad de los jueces federales para emitir interdicciones de alcance nacional.
El gobierno solicitó a la Corte Suprema que restrinja el poder de los tribunales federales para bloquear normativas ejecutivas en todo el país, una herramienta que, según argumentó, ha puesto en riesgo una parte sustancial de su programa político, basado en gran medida en órdenes ejecutivas en lugar de legislación aprobada por el Congreso.
En distintos tribunales del país, los demandantes recurrieron a órdenes judiciales temporales como una herramienta clave para ejercer control y equilibrio frente a un gobierno que, según sus críticos, ha sostenido un ataque constante contra el Estado de derecho.
De acuerdo con la Harvard Law Review, más de la mitad de las interdicciones emitidas en los últimos 70 años se dirigieron contra el gobierno de Donald Trump, mientras esta empujaba los límites del poder presidencial.
Durante su primer mandato, la gestión de Trump enfrentó 64 interdicciones, en contraste con las 14 dictadas contra el gobierno de Joe Biden y las 12 que recibió Barack Obama.
El segundo gobierno de Trump enfrentó 17 interdicciones en apenas sus primeros dos meses en el poder.
Durante los alegatos ante la Corte Suprema, el abogado personal de Trump, John Sauer (nombrado por el propio presidente como procurador general de Estados Unidos) calificó la “cascada de interdicciones universales” contra el gobierno como un “problema bipartidista” que, a su juicio, excede los límites de la autoridad judicial.
“La visión de los tribunales de distrito, reflejada en la emisión de estas interdicciones a nivel nacional, es la de actuar como una comisión itinerante que busca corregir cualquier injusticia legal que consideren, ejerciendo una supervisión general sobre el poder ejecutivo”, declaró Sauer.
Sin embargo, los aliados de Trump también han recurrido a las mismas interdicciones a nivel nacional que ahora piden eliminar ante la Corte Suprema. Diversos críticos acusaron a grupos legales de derecha de practicar la llamada “selección estratégica de jueces”: una práctica que consiste en elegir tribunales con jueces ideológicamente afines para presentar demandas y bloquear, mediante medidas cautelares de alcance nacional, políticas con las que no están de acuerdo.
Tras la fría recepción que recibieron los argumentos del gobierno ante una Corte Suprema mayoritariamente escéptica el mes pasado, Trump acusó a sus oponentes políticos de “condicionar al juez” a través del sistema judicial, con el fin de frustrar su intento de redefinir el alcance de la 14.ª Enmienda.
“El grupo de sinvergüenzas de la Izquierda Radical, que ya no tiene cartas en su bolsa de trucos ilegales, está, de manera muy coordinada, intentando influir en la Corte Suprema de los Estados Unidos”, escribió Trump.
“Perdieron las elecciones por goleada, y con eso, han perdido por completo la confianza y la razón. ¡Están total y absolutamente locos! Espero que la Corte Suprema no caiga en los juegos que están jugando”, añadió el presidente.
En otra publicación, escrita completamente en mayúsculas, Trump afirmó que la máxima corte del país está siendo “manipulada por los perdedores de la Izquierda Radical”, cuyo “único plan es intimidar a la Corte Suprema”.
En la 14.ª Enmienda de la Constitución estadounidense se establece de manera explícita que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en que residen”.
Durante más de un siglo, la Corte Suprema ha sostenido esta interpretación y la aplicó a todos los niños nacidos en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
No obstante, según los términos de la orden ejecutiva impulsada por Donald Trump, la ciudadanía podría negarse a un menor si su madre es indocumentada o se encuentra en el país de forma temporal con una visa y el padre no es ciudadano ni residente legal permanente.
El intento del presidente por redefinir la ciudadanía es clave en la ambiciosa agenda antiinmigrante de su gobierno.
Su gobierno también bloqueó, en la práctica, el ingreso de solicitantes de asilo. Además, declaró que Estados Unidos se encuentra bajo una “invasión” de pandillas extranjeras y eliminó protecciones legales para más de un millón de personas, lo que amplía la cantidad de migrantes “indocumentados” que actualmente enfrentan el riesgo de ser detenidos y deportados.
El gobierno también “deslegalizó” a decenas de miles de inmigrantes. Cada semana, miles de personas con casos migratorios pendientes reciben órdenes para presentarse ante los tribunales, solo para que sus casos sean desestimados. En muchos de estos casos, agentes federales esperan al otro lado de las puertas del tribunal para detenerlos inmediatamente después de la audiencia.
La Casa Blanca también eliminó las protecciones que prohibían la detención de inmigrantes en lugares sensibles, como las iglesias. Además, aceleró el ritmo de las redadas migratorias en distintas zonas del interior del país.
Para ejecutar las detenciones, el gobierno recurrió a recursos de agencias estatales y locales, además de reubicar personal de organismos federales como el FBI y la DEA, a los cuales reasignó a tareas relacionadas con inmigración. Actualmente, el número de personas retenidas en centros de detención migratoria es el más alto registrado en la historia moderna de Estados Unidos.
Fuente The Independent en Español
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