El fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación por lavado de activos, con la agravante de organización criminal, contra Keiko Fujimori por haber captado, transferido y ocultado fondos para el financiamiento de la campaña contra el falso fraude electoral en la segunda vuelta presidencia de 2021 que dio como vencedor al exmandatario Pedro Castillo.
La acción del Ministerio Público peruano también involucra a otros cinco dirigentes de Fuerza Popular y la contadora del partido, Lindman Miranda Zamalloa.
Según la disposición fiscal, luego de los resultados de la votación del 6 de junio de 2021, Fujimori emprendió una campaña de mentiras sobre presuntas irregularidades para alterar la voluntad popular.
Esta se basó en una supuesta conspiración entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).
“Esa campaña de engaño y desprestigio con el supuesto fraude es la fuente generadora de aportes sospechosos de diversos empresarios dedicados a las inmobiliarias, empresarios que se dedican a los juegos de tragamonedas y la participación de abogados de los estudios jurídicos más reconocidos del país” afirmó Domingo Pérez.
En ese sentido, explicó que “es así que el partido Fuerza Popular logró recaudar, recolectar o recibir un poco menos de dos millones de soles en aportes en efectivo y en especie, entre el 13 de marzo de 2021 a 30 de julio de 2022”.
Asimismo, afirmó que la agrupación no tenía cuentas bancarias ni libros contables desde fines de 2020 y todo el 2021, algo que debe presentar cada partido político.
“En el presente caso, se habría desobedecido el mandato imperativo. Aunado a ello, se pretende consignar aportes en especie, cuando en realidad estos habrían sido en efectivo, dinero en soles y en dólares que habrían sido entregados en sobres en el local partidario de Fuerza Popular, aseguró Pérez.
“A través de la desinformación, noticias falsas y desacreditación de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Reniec se buscó engañar a la ciudadanía, causarle miedo sobre el proceso electoral, con el objetivo de obtener beneficios económicos, poder político y generar crisis en el país” sentenció.
Fuente Telesur
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