En medio de un forcejeo con algunos magistrados, la fiscalía de Guatemala incautó este sábado las actas que contenían los votos de las pasadas elecciones al finalizar un allanamiento del tribunal electoral, un operativo rechazado por la comunidad internacional.
“Nosotros no somos garantes ya de ningún acta. Se llevaron todas las cajas con todos los resultados”, dijo a periodistas la magistrada Blanca Alfaro tras minutos de tensión en la allanada sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el centro capitalino.
Alfaro y otros magistrados forcejearon y discutieron con varios policías y fiscales en el momento que los oficiales sacaron las cajas con las actas, de acuerdo con una transmisión por Facebook hecha por el TSE.
El magistrado Gabriel Aguilera indicó que las actas incautadas corresponden a las elecciones de junio en las que el socialdemócrata Bernardo Arévalo dio la sorpresa al avanzar al balotaje presidencial que ganó en agosto.
Arévalo denuncia que las acciones de la fiscalía corresponden a un “golpe de Estado en curso” para evitar que asuma en enero.
El allanamiento comenzó como respuesta a denuncias de presuntas irregularidades en el proceso electoral, de acuerdo con el fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de la operación.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, escribió en la red X (antes Twitter) que exigirán “rendición de cuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática al presidente electo”.
También el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó “con toda firmeza” el “inaceptable allanamiento” al TSE. “El asedio a la democracia no puede continuar”, escribió este sábado en X .
En tanto, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos señaló que las acciones contra el tribunal electoral “constituyen un ejemplo vergonzoso para el hemisferio”.
Los magistrados habían pedido a la máxima instancia judicial del país otorgar un amparo para evitar el secuestro de las actas originales, al considerarlo “una violación al sistema democrático” debido a que son los únicos facultados “para custodiar” los documentos electorales.
También calificaron el allanamiento, el cuarto que se realiza en sedes del TSE, como un “acto intimidatorio” para poner en duda los resultados.
Las acciones de Curruchiche son respaldadas por la fiscal general, Consuelo Porras, y los allanamientos han sido autorizados por el juez Fredy Orellana. Los tres son considerados por Washington como “corruptos” y “antidemocráticos”.
Fuente La Jornada
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