El Ministerio Público cuestiona la sentencia por revelación de secretos y denuncia una vulneración de derechos fundamentales
La Fiscalía pide al Supremo anular la condena al exfiscal general García Ortiz
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo la anulación de la condena impuesta al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que la sentencia vulnera derechos fundamentales y se sustenta en una interpretación penal improcedente. El Alto Tribunal condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos tras la difusión de información relativa al empresario Alberto González Amador.
«Crearon un tipo delictivo para condenarle»
Según la Fiscalía, los magistrados del Supremo ignoraron «sin explicación alguna» pruebas que resultarían exculpatorias para el exfiscal general. En su argumentación, Sánchez Conde afirma que el tribunal «creó un tipo delictivo para condenarle», al aplicar el delito de revelación de secretos a la difusión de una información que, a su juicio, ya no tenía carácter reservado.
En su escrito, el Ministerio Público sostiene que la resolución judicial vulnera la presunción de inocencia, el erecho de defensa, el principio de legalidad penal y el derecho a la tutela judicial efectiva. La petición ha sido elevada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien cuestiona de forma directa la fundamentación jurídica de la condena.
El Ministerio Público defiende que el delito de revelación de secretos no puede aplicarse «al funcionario que revela datos que ya son públicos», puesto que la información en cuestión había sido difundida previamente «por una pluralidad de medios de comunicación«. En este sentido, subraya que la protección penal del secreto decae cuando los datos han perdido su carácter confidencial.
Testimonios omitidos y hechos incompletos
Uno de los ejes centrales del recurso presentado por la Fiscalía es la crítica a la valoración de la prueba realizada por el Supremo. La teniente fiscal reprocha a los magistrados haber efectuado una «incompleta selección de los hechos«, al omitir testimonios clave prestados durante el juicio.
En concreto, señala que varios periodistas declararon como testigos que ya disponían del correo electrónico en el que el empresario reconocía un fraude fiscal antes de que dicho mensaje llegara a manos de García Ortiz. Para la Fiscalía, esta circunstancia resulta determinante, ya que demostraría que la información no fue revelada por el entonces fiscal general, sino que ya circulaba en el ámbito mediático.
Además de la inhabilitación, la sentencia del Supremo impuso a García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros, así como las costas derivadas de la acusación particular. La Fiscalía califica estas medidas como «difícilmente entendibles» y considera que carecen de una justificación suficiente en la resolución judicial.
La condena supuso la dimisión de García Ortiz como fiscal general del Estado y abrió un escenario inédito en la carrera fiscal. Su posible expulsión definitiva del Ministerio Público queda ahora en manos de la Fiscalía General del Estado, una vez se ejecute la sentencia, aunque la petición de nulidad podría alterar por completo ese desenlace.
La solicitud de la Fiscalía sitúa de nuevo el foco sobre una de las decisiones judiciales más controvertidas del año y reabre el debate sobre los límites del delito de revelación de secretos y la protección de la información de interés público. El Tribunal Supremo deberá pronunciarse ahora sobre la petición de anulación, en un contexto de especial sensibilidad institucional tras tratarse del primer fiscal general del Estado condenado en democracia.
Fuente: Antena 3
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