La Administración del presidente Laurentino Cortizo justificó la reducción por la incertidumbre asociada a la continuidad del contrato-ley con Minera Panamá, cuya constitucionalidad está siendo evaluada por la Corte Suprema.
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, anunció una reducción en el presupuesto de 2024, en razón de lo que denominó cambios “en las condiciones” económicas nacionales.
“Dadas las condiciones, que han cambiado en nuestro país, estamos hablando de un presupuesto que va a tener un monto menor que el que originalmente nosotros habíamos presentado a la consideración de la Asamblea [Nacional]”, sostuvo el funcionario en una comparecencia ante los medios.
Mediante una nota de prensa publicada por su despacho, Alexander advirtió que, al contar con menores ingresos, “las instituciones públicas como un todo tendrían un presupuesto menor que ejecutar”. En este sentido, apuntó que “la tarea” que su equipo tiene por delante pasa por definir “cómo se manejará la estructura de ese nuevo presupuesto”.
“Estamos ahora mismo evaluando diferentes escenarios con respecto a lo que pudiera ser la futura configuración”, recalcó. Aunque no precisó una fecha ni un monto, sí dijo que la propuesta sería sometida a la consideración del Consejo de Ministros.
Además, la legislación local establece que para hacerse efectiva, la propuesta debe ser votada favorablemente en el Parlamento.
La razón del recorte
El titular panameño de Economía y Finanzas descargó la responsabilidad de ofrecer detalles sobre las causas del recorte al director general de Ingresos de la República, Publio de Gracia.
Aunque aseguró que Minera Panamá ha realizado el pago al Estado correspondiente a sus “obligaciones establecidas en el contrato-ley” —Ley 406— para los años 2021, 2022 y tres de las cuatro contempladas para 2023, el funcionario advirtió que se trata de “una historia en desarrollo”.
De Gracia aludía al eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) relativo a la constitucionalidad del contrato suscrito con la filial de la canadiense First Quantum Minerals, sobre la que el máximo órgano judicial debería pronunciarse en las próximas semanas.
Si se determina que el contrato-ley es inconstitucional, la compañía se vería forzada a detener de inmediato sus operaciones, porque lo que está en juego es una prórroga de 20 años de una concesión otorgada a finales de la década de 1990.
Con independencia de este escenario, De Gracia aseveró que la Dirección General de Ingresos continuará recibiendo las regalías de Minera Panamá hasta el próximo 31 de diciembre.
Los primeros perjudicados
La semana previa, la oficina de prensa del presidente Laurentino Cortizo divulgó que las arcas del Estado ingresaron 562.84 millones de balboas —equivalentes a la misma cantidad de dólares— por cuenta de Minera Panamá, “correspondiente a sus obligaciones”, aunque se aclaró que por instrucciones del mandatario, los fondos no serían utilizados, sino que se depositarían “en una cuenta restringida en el Banco Central de Panamá”.
Los fondos están congelados, porque el Ejecutivo está a la espera de la decisión de la CSJ sobre la llamada Ley 406 y los ingresos futuros por ese concepto son ahora inciertos.
El problema reside en que el 20 % de las regalías pagadas por Minera Panamá —unos 161 millones de dólares— ya había sido presupuestado para aumentar la pensión de 120 000 jubilados que cobran menos de 350 dólares mensuales a partir de este 20 de noviembre, si bien los pagos no podrán hacerse efectivos “hasta tanto no se defina el futuro de esta relación contractual”, según explicó el director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lau.
Según La Estrella, los recortes al presupuesto no podrán concretarse en todas las instituciones por igual, dada la autonomía de la que gozan algunas.
No obstante, se cree que el Gobierno podría reducir el presupuesto en instancias dependientes de la administración central, como la Asamblea Nacional, aunque no podría recortar la inversión en educación, ya que por ley corresponde al 7 % del Producto Interno Bruto; ni en el Órgano Judicial, al que se le asigna 2 % del PIB cada año.
Protestas sin fin
Mientras tanto, las protestas siguen sin remitir. El contexto represivo se ha acentuado y, pese a ello, las autoridades se han visto incapaces de contenerlas, después de que no se concretara ninguna de las ofertas que han puesto sobre la mesa.
Los ánimos se crisparon todavía más con el asesinato de dos manifestantes que bloqueaban una carretera, mientras los afectados han denunciado la negligencia de las autoridades para atender el caso.
Cortizo, entre dos aguas, prometió que acatará “el fallo que emita la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato minero”. También afirmó que no quedarían impunes los actos violentos ocurridos durante las protestas.
Por su parte, Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, está considerando suspender temporalmente sus operaciones, en virtud de los bloqueos registrados en el puerto internacional Punta Rincón, donde habitualmente se hacen los desembarcos de materiales e insumos necesarios para operar la mina.
Fuente RT
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