
A diez días de las elecciones generales, la administración Bukele usa reos en fase de confianza y empleados públicos para repartir en el interior del país cajas de productos alimenticios, papel higiénico, entre otros artículos de la canasta básica. También hay empleados públicos que están entregando arroz y fertilizantes donados por China.
Dos empleadas de gobierno entregan sacos de arroz en el parque central del municipio de San Rafael, Chalatenango. El arroz proviene de una donación de la República Popular de China y aparece en letras grandes en el saco.
Otra de las empleadas atendía a los beneficiarios de aquellos sacos, en su mayoría mujeres de la zona.
En las últimas dos semanas, se han entregado paquetes de alimentos en Ahuachapán, Morazán y La Unión. El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, diseñó otro programa para repartir miles de quintales de arroz donados por el Gobierno de la República Popular de China. Los repartieron en Santa Ana y Chalatenango. Ninguno de los dos esfuerzos gubernamentales están siendo publicitados por el Gobierno ni en redes sociales, ni en medios estatales.
La ley electoral prohíbe al Gobierno publicitar las contrataciones del Estado en el mes anterior al día de las elecciones. “Durante los 30 días anteriores a la fecha señalada para las elecciones, ni el Gobierno de la República, ni los Concejos Municipales y demás entidades autónomas podrán publicar por ningún medio de comunicación privado o estatal las contrataciones, inauguraciones de obras (…) de cualquier naturaleza que hayan realizado, que realicen o que proyecten realizar en cumplimiento de la prestación o de los servicios de asistencia a que está obligado el Estado”, sentencia el artículo 178 del Código.
Aquella mañana, los sacos de arroz que se repartían en el parque de San Rafael habían salido más temprano, a las 8 am, de la sede de los bomberos de la cabecera de Chalatenango. El camión que los trasladaba estaba identificado con matrículas oficiales y con logos de la alcaldía de Dulce Nombre de María, un municipio aledaño. El camión llegó al parque de San Rafael media hora después y ya una pequeña multitud de gente esperaba en fila. Cada persona en la fila entregaba su documento de identidad a los empleados del MAG y estos devolvían un vale con la indicación de cuántos sacos le correspondía. “Estos sacos son solo para gente que tienen negocios, panaderías o pupuserías”, dijo una mujer de 35 años, vale en mano. Dijo que estaba contenta con recibir esos quintales de arroz, que nunca lo había recibido y que, hasta el momento, él y su esposo solo habían estado recibiendo periódicamente los paquetes de insumos agrícolas, otro programa oficial del MAG.
Unos empleados del MAG estaban en uno de los portones del cuartel de la Segunda Brigada de Infantería, de Santa Ana repartiendo los sacos de arroz. A la multitud de gente que habitualmente llega a pedir los antecedentes penales se sumaba una aglomeración de gente mucho más grande que llegaban a retirar sus sacos de arroz chino. Picops y transportes de carga aguardaban estacionados en las calles aledañas a espera del llamado para llegar al portón y comenzar la carga de los sacos. No había símbolos partidarios, ni una señal de campaña e incluso un simpatizante de Nuevas Ideas que estaba en los alrededores del cuartel se cambió de color de camisa y se quitó la gorra con identificativos del partido para acercarse a la aglomeración.
Un ciudadano, apellidado Rodezno, estaba molesto con los empleados del MAG porque él y su familia habían llegado, atraídos por la noticia de que estaban regalando cuatro sacos de arroz por persona, pero su decepción fue que su nombre o el de sus parientes no estaban en la lista de necesitados.
Y así como Rodezno, otros como Marina, de 37 años, residente en una comunidad carretera a Metapán. “No le están dando el arroz al que presente el DUI sino que solo al que ellos tienen en la lista y no me quieren dar arroz”, dijo la mujer, quien minutos antes había estado ofreciendo pagar cuatro dólares a la persona que le cediera uno de sus sacos.
No parece casualidad que el Gobierno de Bukele haya decidido repartir aquí los paquetes de alimentos pues en este departamento se concentran buena parte de los 869 000 salvadoreños que se pusieron a las puertas de la pobreza crónica, según una proyección que hizo Naciones Unidas.
De hecho, los lugares visitados forman parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas.
Por eso, cientos de cajas con alimentos empacados recorren las calles y caminos de tierra de esta zona a bordo de camiones y pick ups, cargados por reos en fase de confianza, policías, militares y empleados temporales hasta llegar a las casas donde, según las estadísticas de Naciones Unidas, es probable se encuentren con una familia en necesidad.
Lo poco que se ha sabido de la entrega de estas cajas ha sido gracias a fuentes gubernamentales que hablan con periodistas bajo condición de anonimato. Ya hubo algunas publicaciones periodísticas pero nada oficial.
La explicación está en el calendario. Faltan 10 días para la elección de presidente y de diputados, y la Constitución prohíbe explícitamente que cualquier candidato use recursos públicos en tiempos de campaña electoral.
El presidente, que no es el presidente en funciones, compite por Nuevas Ideas contra otros cinco contendientes.
A los más necesitados se les entregan la caja con dos paquetes de cereal, una botella de aceite, una bolsita de atol, otra de café, dos paquetes de macarrones, una bolsa de leche en polvo, ocho bolsas de pasta tipo coditos, cuatro libras de frijol rojo, dos latas de atún, dos libras de sal, cuatro libras de arroz, dos paquetes de harina de maíz y un paquete de papel higiénico.
Otro punto de reparto de esos paquetes era el Destacamento Militar No. 7 en Ahuachapán. De ahí, durante toda la semana, habían salido picops y camiones con las cajas de alimentos del PPAA, según personas que trabajan en los alrededores del cuartel. Por la tarde, a eso de las 4 p.m., todos los vehículos comenzaron a regresar al cuartel, ya vacíos, únicamente con los empleados uniformados con las camisetas alusivas al PPAA. A la mañana siguiente, en las afueras del cuartel, líderes vecinales de comunidades cercanas al cementerio de Ahuachapán, esperaban pacientemente a que alguien les explicara si habría repartición de alimentos. Al cabo de una hora, frustrados, los líderes decidieron abandonar la misión. “Ya nos dijeron que probemos en Santa Ana, que ahí están repartiendo ahora, pero que aquí ya no van a dar”, dijo una de las mujeres que iba en retirada. Ella dijo que en ese momento se dirigían a la alcaldía de Ahuachapán, gobernada por Nuevas Ideas desde 2021.
Ahuachapán, según Naciones Unidas, fue también uno de los departamentos con más hambre en 2023 en el país.

El arroz chino
A diferencia de las cajas de alimentos del PPAA, los sacos de arroz los entregan hombres y mujeres uniformados con camisetas del Programa de Insumos Agrotecnológicos (PIATEC), una iniciativa del MAG lanzada en marzo de 2022 por el Gobierno y que suponía la creación de un registro único de agricultores salvadoreños. El Gobierno lanzó este programa para canalizar de manera ordenada la entrega de insumos agrícolas, fertilizantes y semillas, pero en tiempo de campaña electoral el PIATEC se ha transformado en un canal para entregar ayuda alimentaria, en este caso arroz blanco donado por China. El Gobierno aseguró que el PIATEC aspiraba a ayudar a medio millón de agricultores, entre ellos, productores de arroz que ahora ven que el Gobierno suple la necesidad del mercado con arroz importado desde China.
En la calle, frente al cuartel de Santa Ana y en la plaza municipal de San Rafael, hay personas descontentas porque desconocen que hay una página del PIATEC en internet donde podían registrarse. La página pide números de contacto, ubicación y explicar qué tipo de agricultor es, si posee terreno propio o alquilado, si tiene canales para comercializar lo producido… Un hombre de unos 35 años, con delantal y jeans, se quejaba en San Rafael que él no salió beneficiado con el arroz.
María Concepción, a unos metros de ahí, dice que la entrega de arroz no es campaña. “No están pidiendo el voto, ni tampoco veo a nadie que ande uniformado con los colores del partido, esto no es campaña. Hace unos días vinieron unos diputados a clausurar unos cursos educativos y ahí sí, mire, eso puedo decirle que era campaña, pero esto no”.
El arroz fue donado por China antes de que comenzara oficialmente la campaña electoral para la elección presidencial. Por los tiempos, la donación pareció un intento de los asiáticos de acercarse más al pueblo salvadoreño en momentos en que Estados Unidos ejercía influencia, con la visita de Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Esta donación de 10 000 toneladas de fertilizantes y 7500 toneladas de trigo y arroz se conoció el 31 de octubre cuando el ministro de Agricultura Óscar Guardado envió una pieza de correspondencia a la Asamblea para pedir la exención de todos los impuestos de la donación china. Bukele y Nichols se reunieron seis días antes, en la víspera de que se venciera el plazo para que el presidente pidiera autorización para reelegirse.
La exoneración de impuestos fue aprobada el 7 de noviembre con 70 votos, incluyendo los votos de los diputados del FMLN que, en 2018, cuando estaba en el Gobierno, abrió relaciones diplomáticas con la República Popular China en detrimento de Taiwán.

“Es importante alimentar al pueblo salvadoreño, hay gente que a esta hora, a las 12:30 de la tarde, aún no ha desayunado, no porque no tenga hambre, sino porque no tiene nada, absolutamente nada en su hogar para poder comer. Gracias a China que ha pensado en apoyar al pueblo salvadoreño”, dijo el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, un aliado del bukelismo, minutos antes de la aprobación en el Salón Azul. La diputada Marleni Funes, del FMLN, tomó la palabra justo después: “Gracias China por esa cooperación y solidaridad y el amor con el pueblo”, agregó.
Las cajas con los productos alimenticios son un programa administrado por la Presidencia de la República, que desde el 1 de diciembre es dirigida por Claudia Juan Rodríguez.
Se constató que decenas de empleados temporales llevaban ya algunos días concentrados en la ciudad de San Miguel, en un centro turístico llamado Altos de la Cueva. Ellos, uniformados con camisetas del PPAA, eran los encargados de entregar los paquetes de alimentos en las casas, pero cada mañana se despertaban sin saber cuál sería el lugar a visitar. El 25 de enero, los empleados fueron llevados en buses, al parecer alquilados (eran de la ruta 109 que hace su recorrido entre Quezaltepeque, departamento de La Libertad y San Salvador), hacia una pista de aterrizaje cerca de San Miguel y de ahí salieron a bordo de picops y pequeños camiones en dirección a Morazán y La Unión.
Entre los empleados que iban en los camiones había hombres vestidos de amarillo, el característico uniforme de los reos en fase de confianza, policías y militares.

Fuente El Faro