La primera vez que fue utilizado este programa, una parte fue para pagar a las personas que denunciaban de manera anónima. Esta vez, será para dotar de más armamento a la pnc.
El presupuesto del Ministerio de Seguridad para 2024 agrega el programa Especial de Combate a Terroristas, asignándole $26 millones; este rubro no fue incluido en el presupuesto de 2023.
Sobre esta asignación, Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), manifestó que con este tipo de presupuestos hay poca información para saber de qué manera se está utilizando. Solo se sabe que son utilizados para el régimen de excepción en la adquisición de servicios.
“En estos últimos meses están haciendo contrataciones directas sin utilizar la ley correspondiente para la compra de servicios y, por lo tanto, no hay mucha claridad para qué realmente se va a utilizar ese fondo. Sí llama la atención que en 2023 pareciera que no se asignó ningún fondo a ese rubro; sin embargo, hubo refuerzos presupuestarios constantes, así que parte de esos refuerzos sí creo que se orientaron al tema del régimen de excepción en particular al apoyo a la policía, militares y algunas compras directas que realizó el Gobierno en este periodo y que me imagino que tiene la intención de mantener en el próximo año”, aseguró.
En los detalles sobre la ejecución de este dinero, el proyecto de presupuesto dice que servirá para “dotar de armamento, vehículos, uniformes, equipamiento, y demás herramientas a las instituciones de seguridad pública y Policía Nacional Civil, a efecto de combatir de manera frontal a los terroristas y de esa forma restablecer el orden, la seguridad ciudadana y el control territorial en todo el país”.
La primera vez que se aprobó, en marzo de 2022, de los $60 millones que se le asignaron, $30 millones fueron para adquisición de bienes y los otros $30 millones para transferencias corrientes. En este caso, fueron asignados al Fondo de Recompensas, que era el dinero que se entregó a personas que hicieron denuncias anónimas de supuestos pandilleros. Sin embargo, en el presupuesto para 2023, ya no se incluyó.
Durante la entrevista ante la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, del 13 de octubre de 2023, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó a groso modo partes del presupuesto y aunque en parte de la presentación se indicó el Programa Especial de Combate a Terroristas, el ministro no explicó nada al respecto.
Desaparecen reinserción y rehabilitación
Aunque el Gobierno agregó el programa de Combate a Terroristas, desapareció el de Inversión para la Reinserción y Rehabilitación, que sí estuvo incluido en el presupuesto 2023, y que era para “implementar proyectos de infraestructura y equipamiento para facilitar el control dentro de los Centros Penales e Intermedios, a fin de garantizar la seguridad interna”.
A groso modo, el proyecto de presupuesto 2024 solo explica, en el apartado de la Administración del Sistema Penitenciario, que se buscará fomentar la “reintegración exitosa en la sociedad promoviendo la colaboración institucional”, pero esto no podría lograrse si se está eliminando un presupuesto que para 2023 fue de $5 millones y que para 2024 ya no estará.
Expertos en seguridad hablaron de la importancia que tienen los programas de reinserción y rehabilitación y de cómo puede afectar que se esté acortando el presupuesto de ayuda a privados de libertad.
Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), dijo que en la materia de reinserción y rehabilitación, “es difícil tener claridad sobre cuál es la línea de acción que está proponiendo el Órgano Ejecutivo, en tanto que hay bastantes limitantes de acceso a la información”.
“Lo que sí creo conveniente recalcar es que las acciones en materia de reinserción de rehabilitación deben enmarcarse en el mandato constitucional, contenido en el artículo 27, que señala que los centros penitenciarios justamente deben organizarse para educar y formar hábitos en las personas que han cometido un delito procurando su readaptación y la prevención de otros delitos”, agregó.
Por su parte, Zaira Navas, de Cristosal, expresó que no está claro ese apartado que ha sido eliminado, ya que el Gobierno no ha detallado qué acciones realizará para garantizar la rehabilitación y reinserción de los reos por la falta de transparencia en la ejecución de dichos programas.
“Es preocupante también que se deje fuera el programa de reinserción social y rehabilitación. El Estado le está apostando a la represión y no está pensando en las consecuencias que va a traerle la población por la falta de programas. Las políticas de prevención, reinserción, protección, rehabilitación, son parte de políticas que deben implementarse por todos los actores que intervienen en la vida de una sociedad”, aseveró.
Verónica Reyna recalcó que, existiendo un grave hacinamiento en las cárceles a causa del régimen, es inexplicable que se deje de invertir en equipamiento en centros penales. “No tenemos claridad de cuál es el objetivo que el Gobierno tiene con esas personas, además de que se encuentren en condiciones de hacinamiento muy fuerte en las cárceles. Según los cálculos que hemos hecho como organizaciones, hay un poco más del 144% de hacinamiento en los centros penitenciarios”, acotó.
Fuente La Prensa Gráfica
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