Por MAXIMO SANCHEZ. El autor es político. Reside en Raleigh, Estados Unidos.
(Este artículo de opinión y su contenido es de exclusiva responsabilidad del autor)
Desde el primer día de septiembre hasta hoy, han pasado 49 días; ese septiembre 1ro. es importante porque fue el día en que apareció el primer comunicado oficial del gobierno dominicano solicitando a las autoridades haitianas la interrupción de la construcción del canal para desviar aguas del río Dajabón o Masacre.
Antes de esa fecha, el mundo y la República Dominicana hablaban de la situación de Haití, no de un conflicto fronterizo entre los dos países. En una crónica fechada el 15 de septiembre de este año, el diario español “El País” informa que el conflictivo canal fue iniciado en el año 2018 en la administración del malogrado presidente Jovenel Moise.
Si pasamos revista a la prensa dominicana, comprobaremos que tanto el presidente Danilo Medina, como el actual presidente Abinader, sostuvieron reuniones bilaterales con el presidente Jovenel Moise antes de ser asesinado; todo lo tratado en esas reuniones, no podía ser recogido por las crónicas de prensa; y recordemos que, en las letras pequeñas de los contratos están las trampas de los negocios.
En mayo del 2021, los presidentes de Haití y de la República Dominicana sostuvieron una segunda reunión, durante la toma de posesión del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo; y luego de ese encuentro Jovenel Moise hizo unas declaraciones que disgustaron a Luis Abinader, hasta el punto de llamar al canciller Roberto Álvarez para que desmintiera las declaraciones de Moise.
La pregunta obligada: ¿podía el malogrado Jovenel Moise, salir a inventar mentiras luego de una reunión con un presidente? No es posible, porque la declaración del Canciller está muy próxima a las palabras de Moise; “el asunto de la presa sobre el Masacre, está en las manos de la cancillería de ambos países” dijo el Canciller.
Después del brutal asesinato de Moise, el presidente Abinader se reunió con el primer ministro Ariel Henry, quién negaba que el asunto del canal sobre el río Dajabón fuera una construcción del gobierno haitiano; eso era una forma de tirarle la toalla al gobierno dominicano frente al vergonzoso papel de la reunión de cancilleres que, miró hacia otro lado en los planteamientos del problema del canal, dándolos por válidos y buenos.
Después del incidente de Ecuador en el 2021, además de los aportes de prensa y de la misma Cancillería sobre las relaciones y conversaciones de ambos países sobre el tema ¿puede el gobierno dominicano, argumentar ignorancia en un asunto que afecta la vida de sus súbditos? Si don Luis Abinader es el Presidente de la República, como todos creemos, no puede decir que no sabía.
La cara visible del problema haitiano para República Dominicana, no es un canalito mal planeado sobre el río Dajabón, cuyo efecto pudo ser controlado sin ninguna declaración al respecto, sólo disponiendo la construcción de la presita de Don Miguel en territorio dominicano.
La cara visible es la migración descontrolada, legal e ilegal; la ilegal es imposible de cuantificar, pero el indicio del rastro de las fortunas fabricadas por los sobornos a rasos y a oficiales de puesto en la frontera, nos puede dejar una noción de la cantidad de ilegales que entran al país; los legales están cuantificados en las inversiones y cuentas bancarias de los cónsules y empleados consulares.
Cuatrocientas mil visas en un año, si multiplicamos esto por los tres años del gobierno de Abinader, tenemos un total de inmigrantes haitianos legales de 1 millón 200 mil.
República Dominicana no puede seguir corriendo la suerte del prejuicio internacional, de ser un país racista y discriminador; un criterio, increíblemente sostenido por funcionarios del propio gobierno dominicano; 3 de los principales funcionarios del presidente Abinader auspician estos juicios y están en contra de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano.
Las causas del ministro Pavel Isa, son entendibles; atizar el racismo, podría llevar a estos pueblos a una matanza como la de Rwanda, (negros matando negros, los tutsis y los hutus) y así sobre la sangre de todos, se presentaría la coyuntura para la revolución internacionalista soñada por algunos revolucionarios de pacotilla de nuestro patio.
La otra cara de Haití es más compleja; porque es la cara del dinero y del comercio. Los multimillonarios haitianos, hacen fortuna en el mercado del caos de su país; el negocio del desastre y la miseria; pero en el territorio haitiano, ninguna fortuna está salvaguardada, la inseguridad y la gula de los funcionarios que se turnan en el poder, ponen todos los intereses en peligro.
Entonces para asegurar esas fortunas están los bancos extranjeros; pero, en esto hay ciertos riesgos, no pueden enviar su dinero a Miami en EEUU porque habría que explicar su procedencia, enviarlo a Europa y congelarlo no es negocio, donde ellos saben que se puede guardar y mover con seguridad es en los bancos e instituciones financieras dominicanas.
Esta es la cara de Haití que no se toca. Si hubiese sido tan importante para el presidente Luis Abinader, parar los trabajos del canalito haitiano, habría mandado a congelar las cuentas de los multimillonarios haitianos en RD, y al día siguiente hasta el hueco del canal lo hubiesen tapado.
Pero el Presidente dominicano parece ser muy buen empresario, en su gobierno, son notables las ventajas que prodiga al empresariado antes que al pueblo pobre; quizás por esa razón, tampoco toca al negociante haitiano.
Haití continuará existiendo en el mismo lugar, ahora con más territorio, porque el proyecto de verja perimetral de Abinader le ha concedido kilómetros cuadrados a su favor. No conocemos en ninguna parte del mundo, de un gobierno que ceda el territorio de un país por abandono, como en las devastaciones de Osorio en el siglo XVll.
No hay una sierra suficientemente grande, como para dividir la isla; y los dominicanos debemos prepararnos para convivir en paz con la nación vecina.
Elegir un gobernante que le duela la República Dominicana y que no tenga el estigma de creerse extranjero, es una obligación que debe encarar el pueblo dominicano en el próximo mayo del 2024.
About Author
