Cientos de miles de trabajadores finlandeses se sumaron a las huelgas generalizadas iniciadas el miércoles, que se prolongan hasta hoy viernes viernes y hay más previstas para la semana que viene. Los sindicatos han convocado una huelga para protestar contra las propuestas gubernamentales de reforma de la legislación laboral, que, en su opinión, afectarían negativamente a los trabajadores con salarios bajos y darían más poder a los empresarios a la hora de fijar los salarios.
El Gobierno escandinavo afirma que las reformas son necesarias para aumentar la competitividad de la economía finlandesa y, como indicador de la importancia de las nuevas propuestas para ambas partes, la retórica se ha vuelto más acalorada y divisiva en las últimas semanas. La huelga se produce en plena campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales finlandesas, en la que políticos de izquierda y derecha se esfuerzan por conseguir votos antes de los comicios del domingo 11 de febrero.
«La necesidad de reformar nuestro sistema de seguridad social y aumentar el empleo es urgente debido a nuestro nivel de deuda pública. Tenemos que conseguir que más gente trabaje, disminuir el gasto público y mejorar el entorno operativo para atraer inversiones», afirma Arto Satonen, ministro de Empleo de Finlandia. «La UE ha señalado con el dedo nuestras perspectivas de gasto público basadas en la deuda y también el FMI ha apoyado firmemente las políticas del actual Gobierno finlandés. Por el bien de nuestro bienestar futuro, no debemos ni podemos dejar las reformas sin hacer», señala.
¿A qué sectores afecta la huelga?
Los sindicatos calculan que hasta 300 000 trabajadores podrían participar en la huelga; y el jueves por la tarde se celebró una manifestación en Helsinki en la que políticos de ambos bandos se dirigieron a la multitud. A la huelga del personal de las guarderías de la capital, que comenzó el miércoles, se han sumado trabajadores de todos los sectores de la vida laboral finlandesa: trenes, tranvías y autobuses; aeropuertos, líneas aéreas y tripulación de cabina; transporte marítimo, transbordadores y operaciones portuarias; empresas de producción de energía; grandes almacenes y cadenas de supermercados, hoteles y restaurantes; empresas de limpieza; empresas de turismo y ocio; las mayores papeleras, minas y refinerías de Finlandia; empresas de construcción; y servicios postales.
Maria Löfgren, presidenta de Akava, que representa al personal profesional y directivo, explica que su sindicato ha «intentado resolver la escalada de la situación proponiendo soluciones de equilibrio al primer ministro». «Hasta ahora, el Gobierno no se ha comprometido a tenerlas en cuenta […] queremos que se considere realmente nuestra solución», asegura. Por su parte, el ministro Satonen, del gobernante Partido de Coalición Nacional, subraya que el Ejecutivo ha colaborado con los sindicatos a la hora de preparar sus reformas, pero que éstas son «absolutamente necesarias» y que los sindicatos no pueden tener «derecho de veto» sobre los planes.
¿Qué quiere cambiar exactamente el Gobierno finlandés?
En el centro de la disputa hay dos cambios principales que el Gobierno dice necesitar para hacer más competitiva la economía finlandesa. En primer lugar, habría recortes drásticos en las prestaciones sociales, algunos de los cuales ya se han aplicado. Los sindicatos afirman que supondría la pérdida de cientos de euros al mes para las personas que ya perciben ingresos bajos -un problema grave en sectores como el comercio minorista, donde los salarios ya son bajos- y que afectaría negativamente a las mujeres, que tienen más probabilidades de trabajar en algunas de esas ocupaciones con salarios bajos.
En segundo lugar, el gobierno quiere modificar las normas sobre negociación colectiva. Finlandia ha utilizado tradicionalmente un modelo tripartito para las negociaciones laborales: en él participan el Gobierno, representantes de los sindicatos y también representantes de los empresarios. Este sistema se ha venido abajo en los últimos años por diversas razones, pero los sindicatos afirman que la última serie de cambios introducidos por el Ejecutivo en las negociaciones debilitaría aún más el poder de negociación de los trabajadores.
A los sindicatos les preocupa que se introduzcan más cambios en este sistema que dura décadas, ya que fragmenta las negociaciones salariales y pone más poder en manos de las industrias o empresas individuales para fijar los niveles máximos de aumento salarial, lo que podría conducir a la disparidad de ingresos incluso entre personas con trabajos similares. «A largo plazo, este tipo de cambio significaría casi con toda seguridad salarios más bajos y condiciones menos beneficiosas para los trabajadores», afirma Pekka Ristelä, responsable de Asuntos Internacionales de SAK, la Confederación de Sindicatos Finlandeses.
El Gobierno también ha propuesto un sistema en el que los salarios de toda la economía estén vinculados al sector exportador. El mediador laboral nacional, que suele intervenir en la fijación de salarios, no podrá proponer en ningún conflicto laboral subidas salariales superiores a las acordadas con el sector exportador.
Los planes de reforma y la huelga encienden la guerra de declaraciones
Los planes del gobierno y los llamamientos a la huelga de los sindicatos han vuelto a enfrentar a la derecha finlandesa con la izquierda. Los ministros del Gobierno, el más conservador de la historia, han calificado a los sindicatos de «mafia», mientras que otros políticos también de derechas han afirmado que los líderes sindicales «castigarán» a los trabajadores que opten por no hacer huelga y han ofrecido asesoramiento jurídico gratuito a cualquiera que se encuentre en esta situación. Otro diputado de un partido gubernamental calificó el derecho a la huelga de «inconveniencia inútil».
El Ejecutivo de coalición de Finlandia, que incluye un partido de extrema derecha como segundo socio más importante, ha tildado en repetidas ocasiones las huelgas como peligrosamente políticas, afirmando que ya se han asegurado un mandato de los votantes para llevar a cabo sus reformas y que los sindicatos no deberían intentar flanquearles. Varios políticos del partido del primer ministro apoyan una petición de iniciativa ciudadana para prohibir las llamadas huelgas políticas.
«Es peligroso que empecemos a considerar ‘mafia’ a los agentes sociales establecidos y reconocidos internacionalmente y que utilicemos ese tipo de etiquetas. Yo diría que eso puede ser el comienzo de un desarrollo social muy perjudicial», afirma Pekka Ristelä, de SAK. «Los tratados internacionales, en particular la OIT, tienen normas específicas sobre qué tipo de huelgas políticas deben permitirse y las huelgas políticas se dirigen contra las políticas gubernamentales que tienen un efecto sobre los trabajadores», añade, describiendo un preocupante «efecto Trump» en el que se cuestionan acciones legítimas. «En general, contamos con un amplio apoyo en la población».
Fuente Euronews
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