Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) expresó su satisfacción por la aprobación en la Cámara de Diputados, en primera lectura, del Proyecto de Ley de Alimentación y Nutrición Escolar, una iniciativa que ha sido promovida por esta institución junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el apoyo de varios legisladores.
El director del Inabie, Víctor Castro, destacó este nuevo avance y manifestó su confianza en que, en esta ocasión, la iniciativa impulsada en 2023 por el Frente Parlamentario contra el Hambre, el Inabie y la FAO, logre finalmente ser convertida en ley, dada su relevancia para el bienestar de los estudiantes del sistema educativo.
En ese sentido, hizo un llamado al Senado para colocar el proyecto dentro de sus prioridades, cuando pase a ese hemiciclo, por su importancia para la niñez y su vinculación con el plan presidencial de Hambre Cero.
Castro recordó que el proyecto busca atender las demandas de la sociedad para que los alimentos escolares sean preparados en los propios centros educativos con el acompañamiento de los suplidores; garantizar el acceso a agua potable en todas las escuelas; fomentar la educación alimentaria y nutricional, así como prohibir la venta de alimentos ultraprocesados dentro de las instituciones educativas.
Este proyecto había sido aprobado en ambas lecturas por la cámara baja el año pasado, pero al faltar su conocimiento y sanción en el Senado el proyecto perimió, por lo cual fue reintroducido y conocido nuevamente por los diputados.
La propuesta legislativa es resultado de un amplio proceso participativo que involucró a representantes del Inabie, la FAO, el Frente Parlamentario contra el Hambre, el Centro de Investigación y Promoción Social (Cipros), así como la consulta de más de veinte actores clave del país en áreas como salud, educación, nutrición, agricultura, contrataciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Además, se consideraron experiencias y normativas tanto locales como internacionales en el ámbito de alimentación escolar.
El proyecto de ley está compuesto por 83 artículos distribuidos en 12 capítulos, con el objetivo de establecer un marco legal que garantice el derecho a la alimentación y nutrición de los estudiantes tanto del sistema público como privado, aunque las disposiciones relativas al Programa de Alimentación Escolar aplicarán exclusivamente a los centros públicos autorizados por el Ministerio de Educación.
De convertirse en ley, la República Dominicana pasará a formar parte del conjunto de países de América Latina en los que la alimentación escolar tiene un mayor respaldo legislativo.
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