Santo Domingo.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, emitió una declaración oficial en relación con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC/0767/24), que declaró no conforme con la Constitución la Ley núm. 1-24, normativa que creaba y regulaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
“El Tribunal Constitucional fundamentó su decisión en un error procedimental durante el trámite legislativo de la norma, sin cuestionar su contenido ni identificar violaciones a derechos fundamentales. Según el fallo, la ley fue aprobada en ambas cámaras con las mayorías necesarias, pero sin cumplir con las formalidades requeridas para su convocatoria y tratamiento como ley orgánica”, explicó.
En lo relativo al vicio de procedimiento esgrimido en la sentencia, el funcionario dijo que el “Tribunal concluyó que el Congreso no convocó expresamente las sesiones como correspondía para tratar una ley orgánica, aunque esta obtuvo amplias mayorías: 125 de 126 votos en la Cámara de Diputados y 21 de 25 en el Senado. Este incumplimiento vicia la validez de la ley, dado que las normas orgánicas requieren procedimientos específicos según la Constitución y los reglamentos legislativos”.
Explicó que, en cuanto a la naturaleza orgánica de la legislación, “la sentencia afirmó que la Ley núm. 1-24 está vinculada al ámbito de la seguridad y defensa nacional, lo que le confiere carácter orgánico, pero no regulaba directamente derechos fundamentales como alegaban algunos accionantes”.
Con respecto a la observación formal, no material, planteó que “el Tribunal Constitucional subrayó que la nulidad responde exclusivamente a un aspecto formal, ya que no se respetaron las reglas de convocatoria para su tratamiento. Este fallo pone énfasis en la necesidad de seguir los procedimientos legislativos con rigor”.
El Poder Ejecutivo expresó su respeto y acogida al criterio del Tribunal Constitucional, al tiempo de resaltar su compromiso con el cumplimiento estricto de las disposiciones constitucionales y legislativas.
“Saludamos el empeño del Tribunal en garantizar el cumplimiento del procedimiento legislativo en todos sus detalles, lo que fortalece nuestra institucionalidad. El Gobierno está comprometido a seguir impulsando iniciativas que cumplan a cabalidad con el marco jurídico establecido”, expresó el consultor jurídico.
Expresó que, aunque la sentencia no las señala explícitamente, las irregularidades mencionadas pueden ser subsanadas mediante el cumplimiento del procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional.
Antoliano Peralta recordó que el Poder Legislativo analiza una propuesta de reforma de la Ley núm. 1-24, fruto del consenso entre el Gobierno y diversos actores de la sociedad civil.
El consultor jurídico reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la protección de los intereses de la ciudadanía en el ámbito de la seguridad nacional.
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