Un gran jurado federal de Virginia ha acusado este jueves a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de un delito de fraude bancario tras ser investigada por supuestas irregularidades en la firma de una hipoteca. “Lucharemos enérgicamente contra estas acusaciones infundadas, y mi oficina seguirá protegiendo con firmeza a los neoyorquinos y sus derechos”, ha respondido James a la imputación mediante un comunicado. “Esto es una muestra más del desesperado uso del sistema judicial como arma por parte del presidente. Está obligando a las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley a obedecer sus órdenes, todo porque hice mi trabajo como fiscal general del estado de Nueva York”, añade James en el comunicado.
La imputación de James, apenas dos semanas después de la de James Comey, exdirector del FBI, obedece a la constante presión del presidente Trump, a quien James llevó a juicio en 2023 por inflar el valor de algunas de sus propiedades, para que se procese a quienes considera sus enemigos políticos. Para ello, como ya adelantó en la campaña electoral y ha reiterado estas semanas, no duda en instrumentalizar al Departamento de Justicia para verlos entre rejas. Este fin de semana, el presidente pidió la dimisión de James sus redes sociales: “Es un desastre total y absoluto”, escribió en un post en el que calificaba la causa de James contra él de “CAZA DE BRUJAS”.
“Estos cargos son infundados, y las propias declaraciones públicas del presidente dejan claro que su único objetivo es la venganza política a cualquier precio. Las acciones del presidente constituyen una grave violación de nuestro orden constitucional y han suscitado duras críticas por parte de miembros de ambos partidos”, concluye el comunicado de la fiscal general.
James, que es demócrata, demandó a Trump y su empresa familiar, la Organización Trump, por inflar el valor de algunas de sus propiedades para conseguir mejores condiciones de aseguradoras y bancos. El actual presidente fue declarado culpable y condenado a pagar más de 450 millones de dólares por fraude empresarial, aunque la multa fue anulada en agosto pasado.
Junto a James, y por las mismas razones —es decir, por animadversión política—, está en el punto de mira del republicano el fiscal general del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, también demócrata y que le llevó a juicio por el caso Stormy Daniels, el pago de un soborno a la actriz de cine porno para comprar su silencio por una relación extramatrimonial. Trump fue declarado culpable de los 34 cargos que Bragg le imputó, pero la sentencia quedó indefinidamente en suspenso tras su regreso a la presidencia.
En uno de sus actos de campaña el año pasado, durante el que el republicano simultaneó los mítines y sus constantes visitas a los tribunales, Trump pidió que tanto James como el juez de ese caso, Arthur Engoron, “fueran arrestados y castigados como corresponde”. Los fiscales federales del Distrito Este de Virginia dedicaron meses a ello este año, aunque el proceso no estuvo exento de sobresaltos. Uno de ellos, un republicano con amplia experiencia judicial, concluyó que no había pruebas suficientes para presentar cargos contra James, por lo que fue obligado a renunciar a su cargo por la Casa Blanca y reemplazado por Lindsey Halligan, una exabogada de Florida especializada en seguros sin experiencia como fiscal.
Los cargos contra James han sido impulsados en parte por Ed Martin, responsable de militarizar el Departamento de Justicia, que viajó a Brooklyn para ejercer presión frente a una de las propiedades de James, donde fue fotografiado por el diario sensacionalista, y abiertamente republicano, The New York Post. Abbe Lowell, abogado de James, criticó a Martin por atacar a legisladores demócratas y otras figuras para ajustar cuentas con Trump.
El mes pasado, Halligan consiguió una acusación formal contra el exdirector del FBI James Comey, quien este mismo miércoles se ha declarado inocente de dos cargos por supuestamente haber mentido al Congreso.
En su comunicado, James se refiere al nombramiento a dedo de Halligan para calificarlo de “flagrante perversión del sistema judicial”. “Su decisión de despedir a un fiscal federal que se negó a presentar cargos contra mí —y sustituirlo por alguien que es ciegamente leal no a la ley, sino al presidente— es contraria a los principios fundamentales de nuestro país. Es el momento de que los líderes de ambos partidos se pronuncien en contra de esta flagrante perversión de nuestro sistema judicial», denuncia.
El caso supone el último proceso federal contra uno de los adversarios del presidente Donald Trump desde que este comenzó su segundo mandato. James, que en 2021 anunció su candidatura a gobernadora de Nueva York pero la retiró poco después, ha negado haber cometido ningún delito y sus aliados afirman que la imputación obedece a motivaciones políticas. Con nombramientos como los de Halligan, muchos creen que Trump ha distorsionado el Departamento de Justicia de EE UU, históricamente independiente, al sustituir a fiscales de carrera por leales sin experiencia o por interferir abiertamente en procesos como el caso por corrupción por el que fue condenado el alcalde de Nueva York, Eric Adams, un caso desestimado a instancias del mandatario.
Fuente EL PAÍS
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