Las deportaciones de haitianos en el país han sido objeto de críticas internacionales, mientras que los diferentes gobiernos han justificado su derecho a regular la migración en base a las leyes nacionales
República Dominicana ha llegado al punto de registrar, solo en el último año, 379,553 haitianos en situación migratoria irregular, pero sostener acciones de control migratorio como estas ante la mirada internacional ha sido un reto constante para las autoridades.
La isla de Santo Domingo se desarrolló como el espacio de dos repúblicas que crecieron en contextos históricos, políticos y económicos distintos. Sin embargo, una constante sostenida por más de un siglo ha sido el intercambio migratorio entre ambas naciones.
Con el deterioro progresivo de la sociedad haitiana, acentuado por grandes terremotos y por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en poco menos de dos décadas la vida en ese país se transformó en una lucha por la supervivencia, lo que profundizó la migración irregular hacia la parte oriental del territorio.
En distintos momentos, la República Dominicana ha tenido que fijar posturas claras para controlar el impacto de esa migración, decisiones que han generado graves cuestionamientos de la comunidad internacional, que suele justificar sus críticas en los crecientes niveles de vulnerabilidad en Haití.
Deportaciones a inicios de siglo
En 2005, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Agencia para los Refugiados (Acnur), criticó el aumento de las deportaciones en República Dominicana, en un contexto marcado por la inestabilidad tras el golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide.
En ese momento, el descontento social por el deterioro económico y la corrupción se intensificaba en Haití, mientras el Estado dominicano endurecía su política migratoria para mitigar el aumento de los flujos migratorios.
En abril de ese año, el asesinato de una mujer y la agresión a su pareja en Montecristi, atribuidos a tres ciudadanos haitianos, motivaron a las autoridades de Migración a iniciar amplios operativos de deportación de trabajadores haitianos.
El 18 de ese mes, el entonces presidente Leonel Fernández respondió a las críticas señalando que la República Dominicana tiene derecho a deportar a extranjeros en condición ilegal, como lo haría cualquier Estado, y que esa práctica formaba parte de su política migratoria.
“El tema de la migración es siempre la expresión de la soberanía de un país y eso ha definido la República Dominicana”, dijo, según reportes de la prensa de la época.
La polémica sentencia sobre nacionalidad
Cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/168/13, que redefinió los criterios de nacionalidad para hijos e hijas de extranjeros en situación migratoria irregular desde 1929, y con la posterior entrada en vigencia de la Ley 169-14 de Naturalización, el país enfrentó uno de los episodios de denuncias más severas en materia migratoria.
Organismos como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y el propio Gobierno haitiano cuestionaron duramente el giro de la política migratoria dominicana bajo la administración del entonces presidente Danilo Medina.
- Se estimaba que más de 200,000 personas podrían quedar en condición de apatridia con la aplicación de ese marco regulatorio.
A raíz de la puesta en marcha del Plan Nacional de Regularización, a finales de 2013, el Gobierno tuvo que responder a una ola de especulaciones en torno a una medida cuyo propósito era conducir a la legalización documental de las personas que ingresaron al país antes del 19 de octubre de 2011.
En los años siguientes, la administración Medina desmintió de manera reiterada que se estuvieran vulnerando derechos fundamentales y defendió que la política se aplicaba conforme a la soberanía nacional y al ordenamiento jurídico dominicano.
El 26 de junio de 2015, el jefe de Estado defendió su política migratoria ante la Cuadragésima Quinta Asamblea del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y calificó como una campaña sucia los ataques recibidos desde distintos sectores.
Semanas después, en una entrevista para CNN ampliamente difundida, el vigente canciller Andrés Navarro negó que se cometieran violaciones de derechos humanos en los procesos de repatriación y acusó al Estado haitiano de encabezar una campaña de descrédito internacional contra el país.
De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 288,000 haitianos adquirieron un estatus legal mediante ese plan de regularización.
Abinader y el endurecimiento migratorio
El magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, seguido por un terremoto de 7.2 en la escala de Richter meses después, terminó de destruir la ya frágil estructura del Estado haitiano.
Estos hechos profundizaron una crisis humanitaria sin precedentes y activaron las alertas del Estado dominicano ante un inminente aumento de la migración irregular.
Las deportaciones, el anuncio de la verja perimetral fronteriza y otras medidas provocaron presiones de la comunidad internacional para que el país detuviera las repatriaciones.
En noviembre de 2022, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó al Gobierno dominicano detener las devoluciones forzadas a Haití, a lo que el presidente Luis Abinader respondió: “La política migratoria de cada país es potestad de cada Gobierno, por lo tanto, esas declaraciones son inaceptables e irresponsables”.
En 2024, el canciller Roberto Álvarez calificó de insensata, ante la ONU, otra solicitud para que el país detuviera las repatriaciones de haitianos indocumentados en medio del contexto de inseguridad que vivía esa nación.
Durante una reunión trimestral para dar seguimiento a la situación haitiana, Álvarez afirmó que “el Gobierno dominicano no puede aceptar el insensato llamado a detener las repatriaciones, pues esto sería equivalente a declarar una frontera abierta e incentivar una mayor migración irregular”.
- Ante los avances limitados de la Misión Multinacional en Haití, encabezada por Kenia, el Gobierno dominicano decidió a finales de ese año deportar hasta 10,000 haitianos por semana.
La actual administración ha enfrentado múltiples cuestionamientos y Amnistía Internacional ha criticado en reiteradas ocasiones lo que califica como políticas antihaitianas.
En marzo de 2025, la organización calificó las medidas como “políticas migratorias racistas” y exhortó al Estado dominicano a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos sin discriminación.
Más adelante, tras la implementación del protocolo hospitalario de identificación de extranjeros, que buscaba frenar el número de partos de haitianas en hospitales públicos, la ONG denunció la deportación de mujeres embarazadas y lactantes.
Aunque hubo respuestas oficiales, fue en julio, en medio del diálogo nacional sobre Haití, cuando el presidente Abinader respondió con dureza a una nueva crítica de la organización. Como se dice en el argot popular dominicano, el gobernante «mandó a bañar a la organización» pidiéndole que enfocara sus esfuerzos en combatir las bandas armadas que controlan gran parte del territorio haitiano.
“El país va a seguir haciendo lo que está haciendo, que es respetando su ley migratoria y cuidando la República Dominicana; que se vaya Amnistía a luchar contra las bandas en Haití”, expresó el jefe de Estado, visiblemente exaltado.
Este sábado, la CIDH reiteró su preocupación por políticas migratorias que podrían afectar el ejercicio de derechos de personas en movilidad en la República Dominicana, y llamó al Estado a revisar su marco normativo desde un enfoque interseccional de derechos humanos.
El Gobierno dominicano respondió mediante un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos, al tiempo que defendió el cumplimiento de su marco legal interno en materia migratoria.
Fuente DIARIO LIBRE
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