La Policía Nacional ha liberado a siete mujeres víctimas de explotación sexual y ha detenido a seis personas a las que se les atribuye los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, prostitución, delito contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores. Las mujeres ejercían la prostitución en un domicilio situado en la localidad gaditana de Los Barrios.
LOS BARRIOS (CÁDIZ, España).- La Policía Nacional ha liberado a siete mujeres víctimas de explotación sexual y ha detenido a seis personas a las que se les atribuye los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, prostitución, delito contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores. Las mujeres ejercían la prostitución en un domicilio situado en la localidad gaditana de Los Barrios.
Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició el pasado mes de febrero en una operación conjunta entre agentes de la Policía Nacional en Córdoba y en La Línea de la Concepción, cuando tuvieron conocimiento de las condiciones a las que eran sometidas las mujeres que ejercían la prostitución en un domicilio situado en la localidad gaditana de Los Barrios.
Las mujeres víctimas de esta organización criminal habían viajado a España siendo conocedoras de la actividad que iban a desarrollar. Sin embargo, las condiciones bajo las que eran captadas diferían notablemente de las que en realidad se encontraban al llegar a España, siendo supuestamente obligadas a trabajar sin ningún tipo de decisión por su parte y viviendo en condiciones insalubres en un garaje anexo a la vivienda donde ejercían la prostitución, no permitiéndoles salir a la calle.
Los agentes encargados de la investigación realizaron todo tipo de gestiones para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos autores y establecieron un operativo para su localización que culminó con la detención de una pareja de origen español, quienes supuestamente principalmente controlaban toda la trama, además de cuatro personas de origen colombiano que al parecer colaboraban en el traslado de las mujeres recién llegadas a España.
Por todo ello, se les imputan los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, prostitución, delito contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores, pasando a disposición de la Autoridad Judicial.
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