Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
Por Becker Márquez Bautista
La reciente discusión sobre las candidaturas independientes en la República Dominicana ha alcanzado un punto álgido tras la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional. Este fallo, referente a la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral núm. 20-23, ha desatado una intensa reacción por parte de los partidos políticos tradicionales.
La sentencia, que aparentemente allana el camino para la participación de candidatos no afiliados a las estructuras partidarias, ha provocado un visible malestar en estas organizaciones. Su respuesta no se ha limitado al debate político, sino que ha escalado a una campaña de descrédito contra las candidaturas independientes, ignorando el daño que esta postura inflige a la propia democracia dominicana. En un intento por preservar su hegemonía, algunos voceros partidarios han llegado al extremo de afirmar que permitir las candidaturas independientes equivaldría a abrir las puertas al narcotráfico.
Esta acusación resulta, cuanto menos, paradójica. ¿Acaso olvidan estos partidos que la sombra del narcotráfico ya se extiende ominosamente sobre diversos estamentos del poder, incluyendo el Congreso, las alcaldías y los consejos de regidores? La sociedad dominicana no es ajena a las noticias y los rumores que vinculan a figuras políticas con actividades ilícitas. Sugerir que las candidaturas independientes serían la génesis de este problema es una cortina de humo que busca desviar la atención de una realidad incómoda para las estructuras partidarias tradicionales.
Es precisamente en el seno de estos partidos donde la ciudadanía debe exigir una profunda autoevaluación y una firme depuración. ¿Cuántos candidatos han sido investigados a fondo sobre el origen de sus fondos? ¿Cuántas candidaturas se han financiado con recursos de dudosa procedencia? La riqueza repentina y desproporcionada utilizada para ascender en la política debería ser motivo de alarma y de investigación interna, en lugar de ser convenientemente ignorada en aras de la victoria electoral.
La sociedad dominicana tiene la responsabilidad de empoderarse y de enfrentar con valentía a aquellos partidos políticos que, en sus entrañas, albergan o toleran la presencia de individuos vinculados al narcotráfico. La falta de transparencia en la selección de candidatos y la ausencia de mecanismos efectivos de control financiero son caldo de cultivo para que elementos corruptos infiltren las instituciones democráticas.
En este contexto, resulta preocupante la reciente insinuación de la Junta Central Electoral (JCE) de un proyecto normativo que, bajo la apariencia de regular las candidaturas independientes, podría estar diseñado para complacer a los partidos tradicionales. Cualquier intento de poner trabas innecesarias a la participación ciudadana fuera de las estructuras partidarias solo serviría para perpetuar el statu quo y privilegiar a las mismas élites políticas que han demostrado ser permeables a la influencia del crimen organizado.
La apertura a las candidaturas independientes representa una oportunidad para revitalizar la democracia dominicana, permitiendo que voces nuevas y ciudadanas genuinamente comprometidas con el bienestar del país puedan acceder al poder. En lugar de demonizar esta figura, los partidos políticos deberían enfocarse en fortalecer sus propios mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, garantizando que sus filas estén libres de cualquier vínculo con actividades ilícitas.
El debate sobre las candidaturas independientes no debe ser secuestrado por el miedo infundado al narcotráfico. La verdadera amenaza reside en la complacencia y la falta de acción de aquellos partidos que, en su afán por mantener el control, parecen olvidar su responsabilidad fundamental de servir a la nación con integridad y transparencia. La sociedad dominicana merece una clase política que esté a la altura de sus desafíos, y eso comienza por cerrar las puertas al narcotráfico en todos los niveles del poder, sin importar la etiqueta partidaria.
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