Esta semana Luis Caputo viajó a Estados Unidos con Milei. Los metalúrgicos que trabajan para el grupo empresario de su familia no la pasaron tan bien. Les llegó el aviso de que quedan en la calle desde el 1 de diciembre.
El Grupo Mirgor tiene plantas en todo el país, pero tres de ellas en Tierra del Fuego. Fabrica componentes electrónicos, autopartes, celulares, computadoras, entre otros productos. El dato más interesante es que pertenece a la familia Caputo. El CEO es Nicolás y Luis, su primo, es el flamante ministro de Economía de Javier Milei.
Y el hombre quiso mostrar en los hechos la “nueva” política. Según informan medios sindicales del Sur, “cesan los PPD (Prestación Permanente Discontinua), los contratados quedan afuera y los efectivos son suspendidos con vacaciones forzadas”. Así lo confirmaron los delegados de la UOM en la asamblea de IATEC. El grupo tiene otras dos plantas: Brightstar y Mirgor.
O sea que cientos de trabajadores y trabajadoras se verán afectados por despidos o suspensiones. Justo a fin de año y en medio de una importante crisis social.
Las comillas de “nuevo” es porque los ataques de los Caputo vienen desde siempre. De hecho antes de las PASO lanzó 200 despidos en sus distintas plantas. En sus sedes administrativas y locales de venta (Samsung) de la zona metropolitana llegan a 100 los despidos por “reestructuración de personal”.
El argumento siempre es el mismo: término de contratos, problemas para importar insumos. Como otras ensambladoras o multinacionales (Adidas, Nike) utilizan el chantaje de la falta de divisas para negociar con el gobierno y ajustar a los trabajadores.
Algunos sectores de la política fueguina vieron como un guiño a la economía provincial el nombramiento de uno de los Caputo. Con este anuncio queda claro que el plan motosierra siempre termina golpeando al pueblo trabajador. Pero se aprovecha de un sistema de explotación y negocios consolidado en los últimos años. Los contratos precarios, como los “PPD” y otros peores, mantienen a miles de obreros y obreras con menos derechos, menos salarios y sujetos a los “ciclos de negocios” de las empresas.
No es el único ataque en el Sur. La UOCRA regional ya advirtió de despidos, así como algunos gremios estatales.
Fuente La Izquierda Diario
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