La coordinadora de Litigación de la Pepca resaltó que las defensas de los imputados no han podido desmeritar la acusación presentada por el Ministerio Público.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora de corte Mirna Ortiz aseguró este viernes que ninguno de los alegatos presentados por las defensas de los imputados por corrupción administrativa en el Caso Antipulpo han podido desmeritar la acusación presentada por el Ministerio Público, por lo cual está convencida de que el tribunal emitirá el auto de apertura a juicio.
“En la audiencia del día de hoy estuvieron deponiendo sus alegatos las primeras cuatro defensas, conforme al orden que había establecido el tribunal, estableciendo las razones y pedimentos que ellos entienden de lugar en relación a esta audiencia, pedimentos que de manera alguna han debilitado la acusación del Ministerio Público”, afirmó la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz, quien fue abordada por la prensa a su salida de la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, indicó que en sus alegatos las defensas. Todas concluyen, que el caso es un caso bastante grande y voluminoso, con pruebas que hay que examinar.
“Evidentemente quien deberá realizar ese examen, es el juez del juicio, por tanto sus propios alegatos nos llevan a la conclusión de que la única decisión que podrá emitir este tribunal es un auto de apertura a juicio”, señaló la litigante de la Pepca.
Ortiz estuvo en el tribunal junto al equipo que encabezó el procurador adjunto y titular de la Pepca, Wilson Camacho, y los fiscales Yoneiby González, Ernesto Guzmán Alberto, Héctor García, José Miguel Marmolejos y Elizabeth Paredes.
La audiencia de este viernes fue conocida por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La acusación presentada por el Ministerio Público en esta etapa consta de unas 3,445 páginas.
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cual contiene unas 3,445 páginas, también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
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