En 2022, la Oficina de ONU Derechos Humanos en Colombia verificó 83 casos de masacres y 112 homicidios de defensores de DD.HH
Un total de cuatro personas muertas y seis más heridas dejó una nueva masacre que se registró la noche de este domingo en el barrio El Santuario, ubicado al sur de Barranquilla, en Colombia, confirmó este lunes el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
De acuerdo con fuentes locales, el hecho se registró cuando un grupo de personas se encontraban a las afueras de una tienda viendo un partido de fútbol entre dos equipos locales, cuando llegaron sujetos a bordo de una motocicleta y uno de ellos comenzó a disparar indiscriminadamente.
Asimismo, los testigos explican que las balas alcanzaron a los cuatro hombres que fallecieron en el acto, entre ellos, un patrullero de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
Las víctimas fueron identificadas como Reinaldo José Orozco Picalua (patrullero activo de la Policía), Javier Andrés Guevara Correa, Ever José Lizama Melgarejo y Ronald José Zabala Sarmiento. Otras seis personas resultaron heridas.
El Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 004/22 en la cual señala que «en las ciudades-puerto principales del Caribe (Barranquilla, Cartagena y Sana Marta) hay una variedad de grupos de criminalidad organizada regional y local», así como estructuras criminales transnacionales «que se disputan el control de las economías ilegales».
Indepaz denunció, asimismo, que «en todos los centros urbanos de la región hay presencia de variadas estructuras de crimen organizado, delincuencia común y estructuras al servicio de intereses privados».
Estos grupos funcionan bajo diferentes dinámicas de subcontratación y tercerización al servicio de las estructuras principales y con alcance mayor, con lo cual refuerzan la noción de que se trata de un crimen de sicariato.
De acuerdo a Indepaz se trataría de la masacre número 11 de lo que va de 2023.
En 2022, la Oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de Derechos Humanos en Colombia verificó 83 casos de masacres y 112 homicidios de defensores de Derechos Humanos.
Sin embargo, de acuerdo con Indepaz esas cifras se elevan hasta 179 líderes asesinados, 92 masacres, 70.267 víctimas de desplazamiento; así como 37 firmantes de paz fueron asesinados y 58 personas fueron víctimas de minas antipersonales.
Denuncian muerte de guardia indígena en Nariño, Colombia
Activó una mina antipersonal plantada por un grupo armado en territorio del pueblo awá. Es el octavo líder social asesinado en 2023.
Autoridades indígenas del departamento colombiano de Nariño (oeste) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunciaron este domingo la muerte de un guardia indígena que murió al ser víctima de la explosión de una mina antipersonal.
El hecho ocurrió al mediodía de esta jornada en una zona rural del municipio de Tumaco, cuando Berna Nastascuas Pai regresaba a su casa junto a su esposa y cuñado, y activó el artefacto explosivo.
El joven de 30 años integraba la guardia indígena de la comunidad Sabaleta Sábalo, del resguardo indígena awá El Gran Sábalo, jurisdicción del distrito de Tumaco.
Con él suman ocho los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2023, así como 1.417 desde la firma del Acuerdo de Paz a finales de 2016 hasta la fecha.
De acuerdo con un comunicado, a riesgo de sus vidas, la esposa y el cuñado sacaron el cuerpo de Nastascuas Pai del campo minado, pero no pudieron evitar su muerte mientras esperaba atención médica de urgencia.
De acuerdo con el texto, solo dos horas después del hecho, aproximadamente a las 14H00 hora local, pudo llegar una misión humanitaria de la guardia indígena hasta el lugar donde yacía el cuerpo sin vida del joven.
Las partes aseguraron que “la instalación de minas en el territorio no solo deja muertos, también otras afectaciones físicas y psicológicas en la población, tanto a nivel individual como colectivo”.
Añadieron que han denunciado este hecho de manera recurrente “frente a la inactividad e indiferencia del Gobierno nacional”. A su juicio, el pueblo awá está confinado y se debate entre “morir de hambre por no poder moverse con libertad (…) y exponerse a morir producto de un accidente con una mina antipersonal u otro artefacto”.
Aseveraron que las minas antipersonales “desarmonizan el territorio, impidiendo las prácticas ancestrales fundamentales en la cosmovisión awá, lo que pone en riesgo la autonomía, la soberanía alimentaria, el desarrollo de la libre personalidad y nos expone ante el exterminio físico y cultural de nuestro pueblo”.
Las autoridades awá instaron a las instituciones correspondientes a que inicien con urgencia el desminado de su territorio y den seguimiento a la crisis humanitaria que allí tiene lugar. También se dirigieron a los actores armados con presencia en su territorio, a quienes exigieron poner fin a los actos de violencia en contra de su pueblo.
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Fuente: Resumen Latinoamericano
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