Designan un nuevo fiscal especializado de DD. HH. en Puno, quien será responsable de investigar la masacre perpetrada allí el 9 de enero de 2023.
Pobladores de Puno y de otros lugares de Perú se movilizaron este viernes para exigir la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, como parte de las protestas que durante semanas han tenido lugar en el país andino.
Las marchas y concentraciones se produjeron en medio de la represión policial y la preocupación de diversas entidades internacionales por el uso desproporcionado de la fuerza, que ha provocado decenas de muertes desde las primeras protestas en diciembre pasado.
Este viernes, manifestantes protagonizaron un corte de carretera en el distrito de Huaycán, en Lima, pero fueron dispersados de manera violenta por la Policía.
La víspera, una manifestación de mujeres en una plaza de la ciudad de Puno fue reprimida con dureza por la Policía y habría dejado varios heridos, luego de que disparan bombas directamente al cuerpo de mujeres y bebés, de acuerdo a denuncias de organizaciones de organizaciones populares.
Las organizaciones denuncian que el 22 de febrero pasado se emitió un documento de la División de Seguridad de Penales de la PNP (Divsepen), que criminaliza a los dirigentes y organizaciones sociales de los distritos de Puno: Pomapata, Yunguta, Sepita, por tomar la decisión de protestar en Lima, señalando que “muy probablemente se reúnan con integrantes de diferentes grupos gremiales y colectivos de izquierda radical a fin de coordinar actos vandálicos en la ciudad capital, para atentar y/o destruir instalaciones estratégicas, activos críticos nacionales”.
En el comunicado firmado por el coronel Juan Carlos Ramos Galindo, jefe de la Divsepen, se indica al dirigente Edgar Chura Mamani del Frente de Defensa del Sur y Recursos Naturales de Puno, por supuestamente haber encabezado la reunión en que las organizaciones de los distritos señalados tomaron la decisión de viajar a Lima para continuar con las protestas que exigen la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución que les devuelva el poder sobre los recursos naturales que están en sus territorios, como el litio.
Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos le dio un plazo de 60 días al Gobierno de Dina Boluarte para que responda por los abusos y graves violaciones a los DD. HH. cometidos en sus casi tres meses al frente del Estado peruano.
Fuente: Resumen Latinoamericano
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