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Por Freddy González
Después de un interminable peregrinar por casi 20 años de una cámara a otra de nuestro congreso nacional, el poder legislativo pretende aprobar en los próximos días el manoseado Código Penal, excluyendo las tres causales por la se puede permitir la interrupción del embarazo sin consecuencias penales.
Nos referimos a la interrupción del embarazo cuando se den estas condiciones:
- Peligro de muerte de la madre.
- Mal formación del feto que lo haga inviable.
- Cuando el embarazo sea como consecuencia de violación o incesto.
De 195 países que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sólo cinco (5) mantienen la penalización de la interrupción del embarazo sin importar los motivos, el Vaticano cómo es lógico, la pequeña República de Malta, El Salvador y Nicaragua en Centro América, y la República Dominicana en el Caribe. En los demás 190 de los cincos continentes, se ha legislado en favor de los derechos de la mujer a decidir la suerte de su gestación si la misma ha sido producto de esas causales sin que sobre ellas y quien actúe clínicamente recaiga alguna acción punible.
Somos una especie de hazme reír de los pueblos donde las mujeres han conquistado el derecho a su participación igualitaria en los espacios democráticos de la sociedad. Parece que estamos en plena edad media donde la iglesia católica impuso la inquisición para juzgar todo acto considerando herejía incluido el aborto de las mujeres, lo que conllevaba pena de muerte muchas veces en la hoguera.
En nuestro país uno de los primeros de América en lograr el derecho al voto femenino, en 1942, una coalición de sectores conservadores de la ultraderecha en unión de todas las iglesias quiere retrotraernos a tiempos ya superados por siglos y como no es posible revivir el fuego abrasador de la inquisición, condenar a nuestras mujeres al suplicio eterno de convivir si es que sobrevive, con el fruto de una de las restantes dos causales.
Tanto que han hablado los partidos de la igualdad de género, sobre todo en tiempo de campaña cuando necesitan el voto de más de la mitad de la población, que es femenina, y luego se rasgan irresponsablemente la vestidura obviando sus compromisos de campaña.
Ninguna mujer dominicana debe cargar como Cristo, la cruz de una criatura fruto de una violación, una relación incestuosa, o un ser con una malformación que lo hagan prácticamente inviable.
Exigimos el derecho de la mujer a decidir frente a estas tres causales.
Aprobar el nuevo código penal sin la inclusión de las tres causales es un retroceso al siglo XVI, que los sectores progresistas no pueden permitir sin dejar de expresar su voz de protesta contra tan retrógrada medida.
Nada de leyes complementarias, sin la inclusión de las tres causales no debe aprobase el código penal. Total, tenemos 20 años discutiendo una legislación que data del 1884 y que va a cumplir 141 años rigiendo un sistema de justicia semejante a la serpiente que sólo muerde al descalzo.
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