
Santo Domingo, RD. – La coordinadora nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (CONAORCI) y presidenta de la Fundación para el Bienestar de la Mujer Dominicana (FUBIMU), Yaneris Ledesma, manifestó preocupación por su exclusión sistemática del Presupuesto General de la Nación, lo que ha provocado un debilitamiento crítico en su capacidad de acción social.
Ledesma advirtió que esta exclusión financiera ocurre en un contexto de creciente pobreza, desempleo, marginalidad social y alza del costo de vida, afectando directamente a sectores que históricamente han sido respaldados por estas entidades.
“Las fundaciones han sido aliadas naturales del Estado en la asistencia a los más vulnerables. Sin el apoyo gubernamental, nuestra operatividad y programas están en riesgo de desaparecer”, señaló.
Ante esta situación, la dirigente social hizo un llamado urgente al presidente Luis Abinader y al ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, a autorizar un pago único a más de cien fundaciones activas y registradas que realizan un trabajo sostenido en favor de la población más necesitada.
Entre las organizaciones afectadas destacan:
Fundación para el Bienestar de la Mujer Dominicana
Fundación Jumax JM
Fundación Manos Abiertas
Fundación Caminando por Ti por Mí
Casa Artesanal de Bayaguana
Fundación Dejando Huellas Positivas
Fundación Comunitaria
Fundación Capacitación Barreras Positivas
Ministerio Enfermeras para Cristo
Fundación para Personas con Discapacidad de la República Dominicana
Fundación Milady Ozoria
Fundación de Desarrollo Integral de Los Manguitos y Fundación Francisco Jáquez, entre otras, comprometidas con el desarrollo y el bienestar social.
“La exclusión de nuestras fundaciones del Presupuesto Nacional representa una amenaza directa a los programas de asistencia social, salud comunitaria, capacitación y empoderamiento de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Sin respaldo económico del Estado, no podremos sostener estas acciones, lo que sería una tragedia para los sectores más empobrecidos y una mancha para la imagen social del gobierno”, enfatizó Ledesma.
Exhortó al gobierno reconocer el papel fundamental de estas organizaciones y a traducir los discursos sobre justicia social en acciones concretas. “El compromiso con la justicia social no puede quedarse en palabras; necesita traducirse en políticas públicas y financiamiento oportuno”, concluyó.