Por Dr. Arnel Medina Cuenca.
Cuba: Las migraciones son tan antiguas como la humanidad misma. A lo largo de la historia siempre han sido un elemento para garantizar la sobrevivencia o mejorar las condiciones de vida de las sociedades. Se considera que probablemente las primeras migraciones, ocurrieron cuando las tribus agotaron los suelos del lugar donde cultivaban sus alimentos y se vieron forzadas a abandonarlos y buscar otros con mejores rendimientos.
Con la evolución de la sociedad, la posibilidad de encontrar mejores condiciones de vida determinó los flujos migratorios entre regiones y países. En los últimos siglos, con el desarrollo del transporte, las comunicaciones, los efectos de la globalización y, fundamentalmente, como consecuencia del incremento significativo de las desigualdades entre países del norte desarrollado y del sur, cada vez más empobrecido, el tema migratorio se ha convertido en un problema que preocupa a la comunidad internacional y a los Estados nacionales. En la medida en que los países más ricos restringen la entrada de emigrantes a sus territorios, se produce un incremento significativo de las migraciones irregulares con una participación creciente de las bandas criminales que han encontrado en ello una vía para obtener fáciles ganancias.
El motivo de las migraciones que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha sido el mismo: buscar otro país que les brindara oportunidades de disfrutar de mayor felicidad, prosperidad y bienestar. Fue a partir de la penúltima década del siglo XIX en el año 1881, cuando ya adquieren la característica de transferencia de mano de obra, dentro de un sistema económico internacional.
Desde la segunda mitad del siglo XX, la migración va desde los países en vías de desarrollo hacia los más avanzados, en busca de niveles más altos de bienestar o mejores servicios sociales en los países de destino. El proceso de globalización aporta una novedad al tema migratorio: mientras los países del norte propugnan la total libertad para la circulación de los capitales y mercancías, ponen enormes trabas burocráticas, militarizan las fronteras y los aeropuertos y construyen muros para impedir la circulación de las personas.
La falsificación de documentos, la violencia común, el tráfico de migrantes, la trata de personas, los viajes en medios de transporte que no ofrecen condiciones de seguridad, se han convertido en parte de la migración, acentuando la percepción del inmigrante como infractor de la ley y aumentando su condición de vulnerabilidad.
En consecuencia, al aumentar la brecha entre ricos y pobres se incrementa la conflictividad social, disminuyen las posibilidades de empleo y, en general, de la satisfacción de las necesidades en los habitantes de los territorios menos favorecidos por el desarrollo económico y, al propio tiempo, se produce un crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo en los países más desarrollados, propiciando los flujos migratorios y, con ello, la globalización de las migraciones.
La penalización del tráfico de seres humanos cobró actualidad a partir de la vigencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, adoptada en Palermo en el año 2000, vigente desde el 29 de septiembre de 2003, como respuesta a la necesidad de brindarle especial protección a los derechos humanos de los inmigrantes, ante la actuación cada vez más inescrupulosa de las bandas criminales y de otros actores, que se aprovechan de la situación vulnerable de las víctimas. Pero este enfrentamiento deberá dirigirse a los traficantes de personas y no debe ser utilizado también para controlar los flujos migratorios, pues aquí ya no se trata de proteger derechos fundamentales, sino de funciones meramente administrativas.
Las diferencias entre tráfico y trata de personas
Con frecuencia se confunden el tráfico y la trata de personas, sin embargo, aunque el primero puede incluir a la trata, ambas figuras delictivas tienen sus propias características, por lo que, desde la comunidad internacional, las leyes penales y la doctrina se han precisado los elementos comunes que las caracterizan y también los que marcan las diferencias.
En las dos modalidades va a estar presente el movimiento de seres humanos para obtener algún beneficio, en el tráfico siempre se incluye el elemento de ayuda para el cruce de fronteras y la entrada de ilegales al territorio de un determinado país, lo que lo relaciona con elementos de carácter transnacional, con la entrada y residencia de personas y la fuente principal de ingresos de los traficantes es el precio pagado por el inmigrante. En la trata, sin embargo, lo fundamental es la intención de explotar a la víctima, con independencia de la forma en que arriba al lugar de destino, que puede ser legal o ilegal y la fuente principal de los ingresos es producto de su explotación posterior. La trata puede ocurrir incluso dentro del mismo país o la misma ciudad.
El tráfico ilícito de personas puede contener elementos de la trata, pero con un alcance más amplio, que presupone la libre voluntad de los traficados y el consentimiento de los emigrantes va a resultar evidente, con la finalidad de cruzar las fronteras, sin cumplir los trámites migratorios correspondientes, mientras que en la trata, las víctimas o nunca lo han dado o si lo hicieron, carece de valor jurídico por la presencia del engaño, el uso de la fuerza, la violencia u otras formas de coacción, que se ejercen sobre ellas con fines de explotación.
Cuba, de país receptor de migrantes a país emisor
Cuba, que en las primeras décadas del siglo XX había sido un país receptor de migrantes procedentes, fundamentalmente de los Estados Unidos y de Europa, a partir de la llamada gran depresión económica, entre 1929-1933 se convirtió en emisor, como resultado de la incidencia negativa de la crisis del sistema capitalista en nuestro país. Con posterioridad, se mantuvo esa tendencia, por la persecución política y la represión desatada por la dictadura de Fulgencio Batista, entre 1952 y 1958.
Al triunfo de la revolución cubana, el 1° de enero de 1959, el país mantuvo la condición de emisor, por razones políticas y, fundamentalmente económicas, como consecuencia de las dificultades que ha tenido que enfrentar a partir de la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989 y de la Unión Soviética, el 25 de diciembre de 1991, y del recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y mercantil impuesto por el gobierno de los Estados Unidos por más de sesenta años, a pesar del rechazo de la Comunidad internacional, unido a la aplicación de una política encaminada a restringir las migraciones legales desde nuestro país y a favorecer las ilegales. Como en la mayoría de los países emisores de nuestra región, los cubanos emigran por causas económicas, razones familiares y otras motivaciones personales, asociadas a factores histórico-culturales, vinculados a la tradición migratoria cubana que está en la raíz misma de la conformación de nuestra nación.
En las condiciones de Cuba la migración ilegal, fundamentalmente hacia los Estados Unidos, a partir de 1959, estuvo vinculada a la beligerancia de su gobierno frente a la revolución cubana, el que ha desarrollado una política de estímulo y asistencia a la emigración ilegal desde Cuba, que es el reflejo de una manipulación política, estrechamente vinculada a los intereses de las organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en el sur de la Florida.
A lo largo de más de 45 años, se han firmado diversos acuerdos entre ambos gobiernos para tratar de normalizar el tráfico migratorio entre los dos países, pero los intereses de la ultraderecha conservadora y fundamentalista de ese país, en estrecha alianza con los grupos terroristas y anexionistas de origen cubano radicados en los Estados unidos, han provocado reiteradas suspensiones e interrupciones, que se han convertido en nuevos estímulos a las salidas ilegales.
En el segundo semestre de 1960 se organizó, con la participación de la iglesia católica en Cuba y en Miami, una de las agresiones más criminales contra nuestro el pueblo, en un tema de tanta sensibilidad como la protección de la niñez, la denominada “operación Peter Pan”, con el objetivo de salvar a los niños cubanos del comunismo. Con el absurdo pretexto de que el gobierno cubano les quitaría a sus padres la patria potestad, fueron trasladados 14.000 niños y niñas para los Estados Unidos, de los cuales un porciento significativo demoró muchos años para reencontrarse con sus padres, y otros no lo lograron.
A finales de 1962, el gobierno de Estados Unidos suspendió los vuelos normales y las salidas legales hacia su territorio, lo que de inmediato se convirtió en un estímulo a la emigración ilegal. El primer acuerdo entre ambos países para organizar el flujo migratorio, denominado Memorándum de entendimiento se firmó en 1965, como consecuencia de la decisión de nuestro gobierno de habilitar, en ese año, el puerto de Camarioca, al norte de la provincia de Matanzas, para que los emigrados pudieran recoger a sus familiares en la isla, emigrando por esta vía cerca de 2900 personas. Otras 2.014 quedaron en Camarioca hasta que fueron recogidos en barcos alquilados por el gobierno de los Estados Unidos.
El Puerto de Boca de Camarioca estuvo abierto para todos los emigrados que quisieran llevarse a sus familiares desde el 28 de septiembre, en que se anunció la decisión del gobierno revolucionario, hasta el 15 de noviembre de 1965.
Con la firma del Memorándum de acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Cuba y la Embajada de Suiza en la Habana, como representante de los intereses del gobierno de Estados Unidos respecto al traslado a Estados Unidos de cubanos que deseen vivir en ese país, se propició un puente aéreo por el que emigraron más de 268.000 personas, hasta 1973, cuando el presidente Nixon decidió suspender el puente aéreo y los acuerdos que le dieron origen.
En 1966, un año después del inicio del puente aéreo a partir del Memorándum, se firma en Estados Unidos la ley de ajuste cubano que reafirma el tratamiento particular para la emigración cubana, al concederle asilo político de forma casi automática, eximiéndole de las cuotas por países que establecía su ley inmigratoria desde 1965 y la posibilidad de ajustar el estatus migratorio al año y un día de permanecer en territorio estadounidense optando por la residencia sin tener que salir de Estados Unidos, tal y como lo establece la ley para el resto de los inmigrantes.
En 1980 el gobierno cubano informó a los emigrantes cubanos residentes en los Estados Unidos que podían recoger a sus familiares que quisieran abandonar la isla y abrió el puerto de Mariel para ese fin. Estados Unidos decidió admitir a 125.000 cubanos, que fueron trasladados a la Florida en embarcaciones privadas, de forma similar a lo ocurrido en el caso de Camarioca en 1965.
En diciembre de 1984, como resultado de la crisis migratoria generada en 1980, se firman acuerdos migratorios en una etapa en la que, la composición y el grado de relación con familiares residentes en Estados Unidos de la migración cubana habían cambiado radicalmente. Durante 1986 y 1987, el acuerdo quedó suspendido por decisión de nuestro gobierno, en respuesta a la creación por parte de la administración Reagan de la mal llamada radio Martí. En 1988, se puso en vigor nuevamente y hasta 1994 el grado de cumplimiento por parte del gobierno de Estados Unidos fue muy inferior a lo pactado, siguiendo la política provocadora de siempre, de reducir la inmigración legal y ordenada y continuar estimulando la ilegal. Entre 1991 y julio de 1994, cuando se desató la denominada crisis de los balseros, Estados Unidos recibió 13.275 inmigrantes ilegales cubanos, mientras solo aceptaba 3794 solicitudes de entrada legal.
La causa fundamental de esta grave crisis migratoria estuvo relacionada con el incumplimiento reiterado de las visas prometidas, la ley de ajuste cubano, la grave crisis económica que afectó a nuestro país, provocada por la caída del socialismo en Europa del Este y la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el endurecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial, junto a la falta de medidas eficaces por parte del gobierno de Estados Unidos, para evitar la emigración ilegal y eliminar el contrabando de personas. A diferencia de lo ocurrido en 1965 y 1980, con las salidas desde Camarioca y Mariel; en 1994, dos semanas después de iniciado el flujo, la administración de Clinton revocó la admisión de balseros cubanos en los Estados Unidos y ordenó a la Marina y al servicio de Guardacostas que los trasladaran a la Base naval de Guantánamo y a campamentos de refugiados en Panamá.
El 9 de septiembre de 1994 se firmaron nuevos acuerdos migratorios que, a diferencia de los anteriores, estuvieron orientados a controlar la emigración ilegal entre los dos países y, a la vez, se llegó a un entendimiento para normalizar la migración legal, por lo que, a partir de ese momento, los emigrantes ilegales que se capturan en el mar son devueltos a Cuba. Este acuerdo Migratorio de 9 de septiembre de 1994 se complementó, posteriormente, con las medidas adoptadas como parte de su instrumentación con la Declaración Conjunta de 2 de mayo de 1995, con lo cual quedaron establecidas las condiciones propicias para contribuir a que la emigración entre los dos países se realizara de forma segura, legal y ordenada. En virtud de estos compromisos contraídos por ambas partes, los Estados Unidos, descontinuarían su práctica de otorgar la admisión provisional a todos los emigrantes cubanos que lleguen a su territorio por vías irregulares y Cuba tomaría medidas efectivas, en todo lo que esté a su alcance, para impedir las salidas inseguras, usando fundamentalmente métodos persuasivos.
A pesar de estar incluido en los acuerdos migratorios firmados entre Cuba y Estados Unidos, en 1994 el gobierno de dicho país, movido por presiones y factores de carácter político interno, mantuvo durante años la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano estimulando, de esta forma, las salidas ilegales, al recibir sin exigencias ni requisito alguno a aquellos que pisan tierra en sus costas, o arriban por vía aérea con documentos falsos.
Con posterioridad a los acuerdos, en las primeras dos décadas del siglo XXI, las operaciones ilegales de tráfico de personas desde el territorio estadounidense se incrementaron y ganaron en complejidad, con la utilización de lanchas rápidas de matrícula norteamericana y también, a través de otros países, como México. Ya no se trata de actividades aisladas de personas que venían a buscar familiares ante la falta de respuesta a las solicitudes de visas, sino de una actividad delictiva organizada, que le reporta importantes ganancias a los que la practican, que ha llevado a nuestro país a adoptar medidas de índole legislativo, con la penalización a partir de marzo de 1999 del tráfico de personas y la captura y enjuiciamiento de más de un centenar de traficantes residentes en Estados Unidos.
Esta situación justifica la penalización de estas conductas por el legislador de 1999, que posteriormente fueron recogidas en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y que fueron actualizadas en el Código Penal de 2022, en correspondencia con las manifestaciones actuales del delito en el país.
En octubre de 2012 el gobierno cubano dio otra muestra de buena voluntad en la política migratoria al realizar importantes modificaciones a la Ley de migración, con lo que se actualizó la política migratoria de Cuba que, a lo largo de todos estos años de Revolución, se ha basado en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a viajar, a emigrar o residir en el extranjero y en la voluntad de favorecer las relaciones entre la nación y su emigración.
Con las medidas adoptadas en los últimos años de la presidencia de Obama, el gobierno de EEUU se continuaba negando a suspender la aplicación de la política de pies secos/pies mojados pero, ante el temor de que ello ocurriera en algún momento, las cifras de cubanos que entraron sin visa a EEUU, al amparo de la Ley de Ajuste, se multiplicó entre 2014 (24 mil) y 2016 (56 mil), en lo fundamental a través de la frontera de México (2/3 del total). En esos dos últimos años de la administración de Obama hubo también un incremento en los intentos de entrada por vía marítima: el número de los que fueron interceptados saltó de 3 500 (2015) a más de 5 mil (2016).
No fue hasta el mes de enero de 2017, en que el presidente Barack Obama decidió poner fin a la política de “pies secos, pies mojados”, apenas una semana antes de abandonar la Casa Blanca, por la que, durante más de 20 años, prácticamente todo cubano que alcanzara territorio estadounidense podía quedarse en el país, aunque hubiera entrado de forma ilegal. Con ello se produjo una disminución significativa de los intentos de abandonar el país, fundamentalmente por vía marítima.
La llegada de la nueva administración republicana a la Casa Blanca, congeló el acuerdo migratorio alcanzado con de la administración anterior, con el falso pretexto de los denominados “ataques sónicos” al personal diplomático en La Habana, lo que produjo una caída significativa de las cifras de migrantes irregulares, como consecuencia del efecto combinado del fin de la política de pies secos/pies mojados y la interrupción de los servicios consulares en La Habana.
En los años 2021 y 2022, las dificultades económicas provocadas por la pandemia de la COVID-19, las nuevas medidas impuestas por la administración Trump y mantenidas, en lo fundamental, por la actual presidencia demócrata, unido a las dificultades existentes en sectores claves como el energético y la producción de alimentos, han provocado que en los últimos meses del año 2021 y en el primer semestre de 2022 se incrementen de forma significativa las migraciones por diferentes vías, mayoritariamente aérea a través de Nicaragua, que decidió eximir de visado a los cubanos, a lo que se ha unido la existencia de cierta tolerancia de la policía fronteriza de los Estados, en la frontera mexicana, hacia los cubanos, desde los últimos meses del año 2021.
Según distintos reportes, en siete meses, desde octubre de 2021 hasta abril de este año, cerca de 115.000 cubanos entraron a territorio estadounidense de forma irregular por la frontera mexicana, tres veces más que durante el pasado año fiscal (entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, cuando 38.500 cubanos llegaron a EEUU por la misma vía), una cifra excesivamente alta, que causa preocupación entre los que defendemos el proyecto social cubano y creemos en las posibilidades de construir con el esfuerzo de todos, un mejor país.
Fuente: Cuba Debate.
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