Ciudadanos y ciudadanas de diversas regiones del Perú piden activar la Carta Democrática Interamericana en defensa de la democracia avasallada por la alianza del Gobierno con el Congreso de la República que busca tomar el control inconstitucional de las instituciones.
No solo busca “capturar y controlar” la Junta Nacional de Justicia sino a través de esta todas las instituciones del sistema de justicia y las del Sistema Electoral (JNE,ONPE y RENIEC).
Ya tiene el control actual del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo y sus últimas acciones se encuentran en proceso de controlar el Ministerio Público y el Poder Judicial.
De esta manera, todos los poderes autónomos recuperados el año 2000 con la caída de la dictadura, se encuentran en riesgo de grave deterioro y afectación de la institucionalidad democrática.
Ante la profunda crisis política y institucional, los y las ciudadanos/as demandan la activación urgente de dicha Carta para facilitar un diálogo nacional efectivo y transparente que permita restaurar la democracia y la confianza en las instituciones.
Las personas suscritas consideran que “puede ser muy positiva la participación de la OEA (…) y el de todos los gobiernos democráticos de la región, interesados en preservar la institucionalidad democrática en el Perú”.
Recuerdan que la Organización de Estados Americanos (OEA) “ya cumplió similar labor para la salida democrática del año 2000”.
Solo así se podrá proponer una solución democrática a la crisis, con respeto a los derechos humanos, indica el pronunciamiento que se dirige a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional.
Remarcan que la deriva autoritaria y antidemocrática “tendría graves repercusiones en la viabilidad del país y la vida democrática de la región”.
| Artículos pertinentes de la Carta Interamericana Artículo 18. Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. Artículo 19. Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización. Artículo 20. En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Artículo 21. Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado. |
“Hay argumentos suficientes”
Cabe destacar que el embajador y excanciller Manuel Rodríguez Cuadros sostiene que existen condiciones para activar la Carta Democrática Interamericana.
Dijo que en virtud a su artículo 19 la carta se activa cuando hay alteración de la institucionalidad política, que no es un golpe de Estado.
La carta se activa cuando las instituciones básicas de la democracia se desnaturalizan y pierden independencia por una voluntad política concertada y el sistema electoral se pervierte.
Asimismo, cuando la separación de poderes se diluye a favor de uno hegemónico y las leyes se manejan desde un punto de vista de fracciones políticas y no del bien común.
Esa es precisamente la hipótesis para aplicar la Carta Democrática, dijo Rodríguez Cuadros.
Agregó que el informe del Departamento de Estado norteamericano sobre los derechos humanos en Perú suma argumentos para su aplicación, en la que la OEA interviene para restablecer la democracia donde está es muy deficiente.
Considera que el citado informe revela una situación muy delicada de la institucionalidad democrática en Perú y afirma que la situación de derechos humanos es crítica.
Reporta ejecuciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, restricciones a la libertad de prensa, violencia generalizada contra la mujer y grave corrupción gubernamental.
Lo más importante es que se suma a pronunciamientos que califican al Perú como país en un constante y delicado deterioro de institucionalidad democrática, sostuvo el exembajador.
Fuente Servindi
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