La propuesta descarta cualquier tipo de «tutela externa» y prevé un mecanismo para el retorno de refugiados y el desarme del Polisario
Marruecos ha desarrollado su plan de autonomía para el Sáhara Occidental que presentó en 2007, abocando a la antigua colonia española un autogobierno que estará dirigido por una persona designada por Mohamed VI y que para salir adelante requerirá el visto bueno del conjunto de los marroquíes en un referéndum.
Tal y como ha señalado Europa Press, así consta en el documento de 40 páginas que han elaborado tres consejeros reales cuyo contenido han adelantado esta semana medios marroquíes. La publicación de algunos detalles de la oferta que ha puesto sobre la mesa el reino alauí se ha producido tras la reunión celebrada el 8 y 9 de febrero en la Embajada estadounidense en Madrid. En opinión de Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter, es un «globo sonda» para ver qué dice la comunidad internacional y, aunque lo que se plantea «parece bastante sensato» y está en línea con otros sistemas autonómicos «no hay garantías políticas ni jurídicas de que se va a llevar a la práctica».
Según esta experta, la propuesta planteada por Marruecos «podría tener sentido y funcionar en un Estado de derecho» pero en el reino alauí «no lo hay». En este sentido, remite al Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, donde Marruecos se queda en un 3 en Estado de derecho, con un 2 en separación de poderes y un 2 en independencia judicial.
Así es el plan de Marruecos para el Sáhara: gobierno regional controlado, cuota femenina y regreso de refugiados
- El Estado preservará las competencias relativas a defensa nacional y seguridad, política exterior, moneda, nacionalidad y símbolos de la soberanía, mientras que el gobierno regional tendrá competencias en lo relativo al uso del territorio, la planificación urbana, el desarrollo turístico e industrial o políticas sociales como la salud o la educación.
- Se prevé una cláusula de subsidiariedad y una cláusula de salvaguarda constitucional, que permite la suspensión de determinadas competencias regionales de manera excepcional.
- El presidente del Gobierno regional será investido formalmente por el rey Mohamed VI «con el fin de garantizar la coherencia constitucional y la unidad del Estado para no «aplicar una regla diferente para el Sáhara»
- Está previsto la constitución de una asamblea regional unicameral, con una parte de representantes elegidos por sufragio universal directo y otra parte designada por las tribus saharauis reconocidas, mediante un sistema establecido mediante ley orgánica y se fomentará una cuota femenina.
- La futura región autónoma podrá recaudar impuestos territoriales, y se quedará con una parte indefinida, regalías por la explotación de recursos naturales y también se quedará con una parte de los ingresos nacionales generados en el territorio de las explotaciones de pesca, fosfatos y de materia de energía eólica y solar. Cualquier inversión extranjera deba contar con el aval tanto a nivel regional como estatal.
Se promete el regreso de los refugiados saharauis que residen en los campos de Tinduf (Argelia), unos 173.000, junto a un mecanismo de desarme, desmovilización y reinserción de los combatientes del Polisario, del que deberían quedar fuera quienes hayan cometido crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad.
Se ratificará con un referéndum en Marruecos
Para que todo esto pueda aplicarse, primero el estatuto de autonomía deberá ser sometido a referéndum en todo el territorio marroquí, no solo en el Sáhara Occidental. «Esto no cumple de ninguna forma los requisitos formales de un proceso de autodeterminación», alerta la profesora de la Universidad de Exeter, para quien difícilmente el Polisario podría aceptarlo. Una renuncia completa a la autodeterminación sería un «suicidio político», subraya la ONU.
De aprobarse en referéndum, algo que se da por garantizado, el texto pasaría a integrarse en la Constitución mediante un título específico y cualquier revisión quedaría sujeta a su validación por mayoría cualificada en el parlamento regional y en el nacional, y a un nuevo referéndum. Además, está incluida una cláusula de irreversibilidad territorial que excluye cualquier interpretación a favor de un derecho de secesión. «La autonomía no está pensada como una etapa hacia la independencia sino como una solución definitiva», subraya en este sentido ‘Le Desk’.
Por último, la experta llama la atención sobre el punto en que se señala que «el reconocimiento internacional del estatuto no da lugar a ninguna tutela externa permanente». Esto quiere decir, explica, que Marruecos no acepta que pueda haber algún tipo de «supervisión internacional en el tiempo para ver que se cumple lo pactado». De aprobarse el estatuto, el Sáhara Occidental pasaría a ser una cuestión de derecho nacional y la comunidad internacional ya no tendría ningún papel, destaca.
Fuente: La Razón
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