La Policía Nacional de Honduras recomendó a la ciudadanía equipar los hogares con cámaras de vigilancia, a fin de “ahuyentar a los visitantes no deseados”, como alternativas de seguridad, sobre todo, si planean salir en las vacaciones de Semana Santa.
“Una de las recomendaciones es hacer una valiosa inversión en «foco cámaras» económicas de 69 y 99 lempiras las cuales permiten controlar el interior de tu hogar desde tu aparato telefónico”, cita el texto difundido por el Comisionado de Policía, Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad.
Sin embargo, esta recomendación, para algunos analistas abona a la normalización de la violencia y criminalidad que vive Honduras, y además se traslada a la población, una obligación del Estado de garantizar seguridad ciudadana al individualizar esta responsabilidad.
Para Ana Hasemann, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), estas recomendaciones apuntan a “una privatización de una responsabilidad colectiva”, individualización de la responsabilidad del Estado que Hasemann cataloga “muy neoliberal”.
“Individualizar una responsabilidad colectiva, privatizar los costos y la inversión de la seguridad ciudadana en lugar que el Estado asuma parte de su responsabilidad, es no es más que otra cosa que un esquema neoliberal de gobernanza”, refirió la directora del IUDPAS.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
El Estado de Honduras tiene como responsabilidad garantizar los derechos fundamentales, y entre ellos la seguridad ciudadana, es decir que tiene el deber principal de la prevención de violencia.
La declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3 señala: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Ante esta obligación del Estado, Carlos Méndez, director del Observatorio de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), es de la opinión que esta sugerencia “indica algún descuido en el deber de prevención por parte de del Estado”.
En consecuencia, El Estado de Honduras, a través de los entes de seguridad, “le correspondería realmente la identificación de cuáles son los despliegues policiales que deberían de hacerse para prevenir estas olas de violencia y precisamente en estos tiempos específicos”, indicó el defensor de derechos humanos.
Por su parte, Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), consideró que le están trasladando al pueblo hondureño una preocupación o una asignación del Estado. “Garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas es un deber del Estado y de la Policía Nacional”, enfatizó.
CÁMARAS DE SEGURIDAD NO IMPIDEN DELITO
Un foco cámara, según Martínez Madrid, es la solución para contrarrestar la violencia en Honduras, país centroamericano que cerro el 2022 con una tasa de homicidio de 35.8 por cada 100 mil habitantes.
Sugerencia que despertó cuestionamientos, porque, aunque recomienden un foco cámara con un valor en el mercado que no rebasa los cien lempiras, se requiere de conexión WIFI para su funcionamiento.
El Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones/TIC y base de datos, del Banco Mundial, reporta que solo 42 de cada cien personas en Honduras tienen acceso a internet.
“La recomendación de la Policía Nacional, seguro va dirigido sobre todo a la clase alta o a la clase media del país, porque las personas, de escasos que van a salir, aprovechan para ver a la mamá, al papá, a la tía o al abuelito enfermo”, comentó Jessica Sánchez.
Además, recalcó, que el problema es de perspectiva, porque las cámaras de seguridad –en el caso de que se pudieran comprar o adquirir— “sí disuaden, pero no impiden el acto criminal”.
En el mensaje de recomendación, la Policía Nacional, promociona “estos dispositivos se instalan de manera muy fácil y son aptos en la mayoría de lámparas, cuentan con sensor de movimiento, calidad HD con visión nocturna de 360 grados, asimismo con foco de luz LED, consumen muy poca energía y pueden ser conectadas a red WIFI”.
Fuente: Criterio Hn
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