El diputado del PRM también tiene un proceso en la Suprema que fue enviado a fondo.
Santo Domingo – La Procuraduría General de la República (PGR) fue apoderada de una nueva querella ampliada por intento de homicidio en contra el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de Santiago, Gregorio Domínguez, popularmente conocido como Fausto.
Los querellantes son dos ciudadanos norteamericanos (Anabella Starnes y Dennis Lee Starnes), residente en la comunidad de Punta Rucia, Puerto Plata, lugar donde se investigan cerca de 56 deslindes que se presumen fraudulentos y son atribuidos al diputado, además de la presunta apropiación de la playa la Ensenada.
El nuevo proceso se suma a otro bajo investigación por parte del Ministerio Público.
En la querella ampliada se le imputa al diputado y a un grupo de personas de haber incurrido en golpes y heridas; violencia contra la mujer en todas sus formas; intento de homicidio y asociación de malhechores.
Ya fue enviado a juicio
El pasado 22 de marzo, la jueza de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanesa Acosta, envió a juicio de fondo al diputado Gregorio Domínguez por presunta invasión de terrenos y destrucción de una propiedad privada.
La magistrada encontró méritos suficientes para que la acusación presentada por el Ministerio Público, en contra del congresista, tengan que discutirse a fondo en un juicio donde se determine si realmente es culpable de los cargos que se les imputan o se determine su inocencia.
En octubre del año pasado 2021, Gregorio Domínguez había solicitado a la Suprema que ordenara el archivo de la acusación del Ministerio Público y la querella que había interpuesto la señora Lucila Nelly Capellán Luna, por violación de propiedad. Sin embargo, ese pedido no prosperó.
La querella de Lucila Nelly Capellán había sido interpuesta el 11 de noviembre de 2020, en la que acusa al congresista de una presunta violación de los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública, y el número 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad Privada.
Por medio de su abogado Amadeo Peralta, la señora Capellán alega que el 27 de marzo de 2020, Domínguez dirigió la ejecución ilegal de un desalojo, la destrucción y demolición de una vivienda en construcción a nivel de plato, ubicada en la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, dice un comunicado de la Procuraduría.
Conforme a la instancia presentada por el Ministerio Público, la querellante alega que el legislador hizo el desalojo sin la debida orden de una fuerza pública y acompañado de una turba de hombres armados, incluyendo militares, y de otros que simularon ser fiscales y un juez de paz.
La querellante también acusa a la esposa del diputado, Judith Idalia Núñez Guzmán; a su empleado Catalino Martínez; a Julio César Acosta, propietario de una pala mecánica, así como al conductor de dicho aparato, Emmanuel Williams Molina.
Defensa del diputado
El diputado ha dicho en reiteradas ocasiones que es inocente y que en el juicio de fondo demostrará que no cometió ninguno de los hechos por lo que está sometido.
El congresista había presentado documentos, pruebas y testimonios para tratar de demostrar que no incurrió en violación a la propiedad privada, como ha señalado el Ministerio Público, y que por el contrario es el legítimo dueño de los terrenos por los cuales ha sido enjuiciado.
Domínguez presentó una serie de documentos que incluyen certificado de título catastral de la Registradora de Título de Puerto Plata, con el que pretende demostrar que los terrenos son de su propiedad; certificados del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en los que supuestamente se establece que esa institución no ha autorizado asentamiento en los terrenos en litis, además de que el IAD no tiene derecho sobre la propiedad.
También, la defensa del congresista aseguró que no es cierto que Domínguez haya estado presente durante los presuntos desalojos que se realizaron en los terrenos y como testigo de ello dijo que están su chofer, su secretaria, el encargado de seguridad, y un camarógrafo.
Supuestamente, estos estuvieron juntos con el congresista realizando un recorrido proselitista en Santiago, el 27 de mayo de 2020, que es la fecha en la que se produjo el desalojo. Con esto pretende demostrar que no es cierto que él y sus testigos estuvieron en el desalojo a la propiedad.
Fuente Diario Libre
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