Así lo informó el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Denunció a parte de las organizaciones que se vienen manifestando en todo el país junto a decenas de miles de personas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, dio una conferencia de prensa con el único eje puesto en la denuncia del Gobierno nacional contra quienes se vienen manifestando desde hace días en todo el país contra sus políticas económicas y sociales. Si bien luego respondió algunas preguntas de periodistas sobre otros temas, la intención de su comunicación fue demostrar la supuesta “fuerza” del Gobierno, que se está poniendo en duda ante las decenas de miles de personas que vienen protagonizando cortes y cacerolazos.
Pasado el mediodía, tal como lo había anticipado el mismo vocero, el Ministerio de Seguridad difundió un “informe” con “los primeros detalles del resultado” de la aplicación del llamado “Protocolo de Orden Público” en la movilización en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Contrariando a los hechos, la intención es dar a entender que el “Protocolo de Orden Público” que Patricia Bullrich intentó aplicar el 20 de diciembre tuvo algo de “éxito”.
El texto del informe enumera «algunas conclusiones provisorias sobre el operativo desplegado en diversos lugares del país por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a fin de impedir la comisión del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal y otras posibles infracciones a la ley en cumplimiento del Protocolo de Orden Público”
Primero dice que “se ha hecho la denuncia a los Tribunales Federales, por el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales, denuncia que ha recaído en el Juzgado del Dr. Sebastián Casanello y la Fiscalía del Dr. Gerardo Pollicita”, en referencia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, ambos con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
En segundo lugar, el Ministerio dice que se recibieron “15 900 llamados al número 134 del Ministerio de Seguridad” y que “se separaron 1100 denuncias que encuadran en la tipología señalada”. Curiosamente, minutos antes, Adorni había mencionado otros números: 16 150 llamadas y 1200 que “encuadraban dentro de la tipología señalada”.
Vale recordar que las y los beneficiarios de planes y programas sociales son aproximadamente 1.3 millones en todo el país. Es decir que, pese a una costosa y agresiva campaña mediática y hasta en estaciones de trenes, se habrían recibido (si Bullrich no miente) denuncias que representan apenas el 1.2 % del total de beneficiarios. A partir de esas casi 16 000 llamadas telefónicas “se han listado, hasta el momento, 32 personas, entre las denunciadas al sistema 134, con nombre y apellido, que son los presuntos autores de los delitos”, dice el informe.
En la conferencia de prensa, Adorni había dicho que “se dictó finalmente la resolución para establecer los parámetros que determinan los costos de ese operativo”. Luego, en el informe, se detalla una “estimación aproximada de $ 60 000 000 (sesenta millones de pesos) por el dispositivo desplegado, contando el consumo de combustible y el promedio de horas/hombre”. Ese dinero, el Gobierno pretende facturárselo a catorce organizaciones, porque según Adorni “ese gasto no le corresponde a la ciudadanía”.
Las organizaciones mencionadas en principio por el Gobierno son el Polo Obrero, la CCC, el Movimiento Evita, William Cooke, MTR 12 de Abril, CUBa-MTR, Libres del Sur, “Darío Santillán”, La Dignidad, el FOL, Barrios de Pie, “Torres”, el MTE y el Movimiento Patria Justa.
En ningún momento el vocero presidencial ni el informe difundido por Bullrich hablaron de las decenas de cortes de calles, avenidas y rutas que se vienen produciendo en todo el país, en repudio al DNU anunciado por Milei en cadena nacional, por la noche. En la gran mayoría de los casos se trató de manifestaciones espontáneas en las que las fuerzas del orden (tanto federales como provinciales) ni siquiera pudieron concretar una amenaza. En casos puntuales, sin embargo, sí hubo represión con detenidos, como en Córdoba Capital o en San Miguel (zona norte del GBA).
Con este amedrentamiento del Gobierno de Milei y Bullrich, si hay algo que claramente no avanza es la “libertad”. Pero además la gestión se empecina en demostrar su voluntad de que los costos de la profunda crisis económica y social que el país atraviesa, desde hace muchos años, no los paguen quienes la produjeron, el gran empresariado y sus políticos serviles, sino la población trabajadora.
En este caso, la “multa” multimillonaria a organizaciones de trabajadoras y trabajadores desocupados busca atacar a parte de la población que más está sufriendo, día a día, las consecuencias del ajuste sobre las condiciones de vida de las grandes mayorías. A eso se suma la avanzada criminalizadora sobre la izquierda y otras expresiones políticas que se deciden a ser parte de los reclamos populares contra el plan de Milei, Caputo y Sturzenegger.
Fuente La Izquierda Diario
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