
Lewandowski afirmó que la prohibición viola valores constitucionales
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetó el fin de las liberaciones temporales de presos del régimen semiabierto. El artículo vetado fue uno de los más polémicos del PL Saidinhas aprobado por el Congreso.
“Entendemos que la prohibición de visitas a los familiares de los presos que ya se encuentran en régimen semiabierto viola valores fundamentales de la Constitución”, justificó el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, sobre el único veto del presidente.
“Lo único que proponemos es vetar la prohibición de las visitas familiares en fechas especiales: Pascua, Día de la Madre. De hecho, la familia es importante desde el punto de vista cristiano”, afirmó Lewandowski.
El resto del proyecto se mantuvo. Las actualizaciones sancionadas por Lula amplían la ausencia de libertad temporal para los condenados por delitos de violencia o amenaza grave; anteriormente, sólo los encarcelados por crímenes atroces no tenían derecho al beneficio. También se sancionó la necesidad de un examen criminológico para obtener el beneficio y la ampliación del uso de tobilleras electrónicas en estas ocasiones.

Histórico
La propuesta ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados en 2022, aún bajo el gobierno de Jair Bolsonaro (PL), pero no pasó por el Senado en su momento. El tema volvió a la agenda este año, en un nuevo ataque del llamado “banco bala” para intentar desestabilizar el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Tras su paso por el Senado con cambios en febrero, el texto básico volvió a la Cámara. La extrema derecha abrazó el tema, hasta el punto de que el secretario de Seguridad Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, fue destituido temporalmente de su cargo para regresar a la Cámara de Diputados (donde fue elegido en 2022) a tiempo para participar en la votación, que terminó con la aprobación del tema.
La agenda ya es vieja y, a diferencia de otras discusiones sobre seguridad pública, moviliza no sólo a la extrema derecha, sino también a sectores del centro e incluso de la izquierda del espectro político. Prueba de ello fue la aprobación en el Senado con un amplio margen este año: 62 votos a 2 .
La propuesta fue criticada por entidades defensoras de los Derechos Humanos y en un dictamen del Grupo de Trabajo para la Defensa de la Ciudadanía, del Ministerio Público Federal, que señaló que el fin de las fiestas sería inconstitucional .
La ONG Conectas Derechos Humanos señala que la discusión sobre el tema está llena de “mitos”. En las redes sociales se comparten información falsa o malas interpretaciones sobre el tema e incluso se utilizan como argumentos durante los debates en el Congreso Nacional.
“El proyecto de salida y la mayoría de los proyectos que discuten política criminal en el Congreso terminan permeados por una visión preconcebida sobre la prisión y las personas criminalizadas en Brasil. Es una visión que no encuentra mucho apoyo en la realidad y basada en evidencia científica, no está respaldada por datos concretos”, dijo la coordinadora de Combate a la Violencia Institucional de Conectas, Carolina Diniz.
Fuente Brasil de Fato