Tras la denuncia sobre la muerte de un soldado de 19 años que se encontraba en la etapa de formación previa obligatoria, el presidente de Chile, Gabriel Boric, destituyó a un general y un coronel vinculados con el hecho, que se halla bajo investigación.
De acuerdo con medios chilenos, el joven nombrado Franco Vargas murió el pasado 27 de abril y pertenecía a la Brigada Motorizada Nro. 24 “Huamachuco” en Putre, al norte del país. Al respecto, la ministra de Defensa de la nación suramericana, Maya Fernández, dijo que Boric “había aceptado la propuesta de renuncia del general Rubén Castillo y el coronel Sebastián Silva”.
Esto ocurre luego de que el 8 de mayo pasado el mandatario chileno informó, mediante su cuenta de X, que conocerían “toda la verdad”, así como esclarecerían los hechos para que los culpables “asuman las responsabilidades que correspondan”. “Verdad y justicia”, subrayó Boric al final de su comunicado.
En el caso de Rubén Martínez, desempañaba la función de jefe de la VI División, mientras que Sebastián Silva era comandante de la Brigada Motorizada Nro. 4 “Huamachuco”, donde ocurrió el incidente.
Primeramente, las informaciones sobre la causa de la muerte de Franco Vargas apuntaban a que había sufrido un desmayo a causa de problemas respiratorios que presentó mientras completaba una marcha de entrenamiento a la altura de más de 3500 metros.
Con posterioridad, fue traslado a un hospital, donde habría fallecido según versiones preliminares difundidas por mandos militares. En cambio, el director del centro asistencial adonde llegó el joven dijo que ya estaba muerto cuando arribó. La prueba de autopsia concretó que el soldado “ tuvo una muerte súbita por problemas cardíacos”.
No obstante, desacreditando la versión que habría ofrecido el Ejército, la madre del joven, Romina Vargas, aseguró que su hijo había sido “sometido a maltratos” y los oficiales «no le permitieron llevar ropa de abrigo”.
Según el testimonio ofrecido por la madre, el soldado solicitó ayuda a sus superiores, a lo que ellos respondieron con “insultos y golpes.”
Ante el hecho, el Ejército decidió abrir un sumario. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó cargos por “apremios ilegítimos” y, siguiendo esa línea, la Corte Suprema decretó el asignamiento del caso a una jueza para que lo atendiera.
Fuente Resumen Latinoamericano
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