El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción, en medio de una crisis energética y a pocos días de la consulta popular. El motivo de la medida responde a la emergencia en el sector eléctrico, con el objeto de garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica, detalló el documento.
El nuevo estado de excepción, que durará 60 días, da paso a una intervención emergente y urgente de las instituciones estatales para precautelar la provisión del servicio eléctrico, de acuerdo con el Ejecutivo.
Con esta decisión, el presidente Noboa dio paso al personal militar para que custodie las centrales hidroeléctricas. La disposición tiene lugar en medio de denuncias, por parte del gobierno, de un supuesto sabotaje en el sector eléctrico.
La administración acusó a funcionarios del sector por el vaciado repentino de la represa Mazar, uno de los embalses más importantes del país que alimenta un complejo de hidroeléctricas en el sur del país.
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, aseveró que “se abrieron las compuertas” y “dejaron correr el agua”.
El Gobierno se empeña en afirmar que la represa fue vaciada deliberadamente como sabotaje contra la consulta popular del domingo, un proceso clave para el futuro del mandatario y del país.
La acusación recibió respuesta por parte del gerente de la división Sur de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), José Gómez, quien en declaraciones a televisoras aseveró que “desafortunadamente ha circulado información que no es la adecuada”. Según Gómez, la presa no tiene compuertas y añadió que toda la programación de niveles la hace el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y allí solamente cumplen sus disposiciones.
En ese contexto, Ecuador se prepara para ir a las urnas este domingo, cuando unos 13 millones de ciudadanos deberán responder a 11 preguntas de la consulta popular y referendo propuestos por el gobernante Noboa.
Con esa iniciativa, el presidente ecuatoriano busca reformar leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, así como la tipificación de delitos por tenencia de armas e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
La propuesta del mandatario ha recibido calificativos de errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en la Asamblea Nacional (Parlamento) sin necesidad de realizar el proceso.
Fuente Revoluciona
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