El autor es coordinador general del partido Alianza País en ultramar. Reside en Nueva York.
Todo parece indicar que las líneas aéreas que viajan a República Dominicana, con el consentimiento del gobierno, volverán a burlarse y a desconocer las decisiones jurídicas adoptadas rechazando el cobro de los 10 dólares de turismo a los dominicanos emigrados.
Preocupa que después de la Sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) el pasado miércoles 26 de abril, rechazando la solicitud hecha por las líneas aéreas para suspender la Resolución 217-2022 de la Junta de Aviación Civil (JAC), el gobierno se haya disparado colocando en los aeropuertos nacionales unos banners indicando nuevos procedimientos tecnológicos para solicitar el reembolso de los 10 dólares.
Nos resistimos creer que estamos observando lo que pudiera ser un nuevo acto de genuflexión gubernamental frente a los monopolios aéreos, dado que esto no satisface ni el reclamo de nuestros migrantes ni respeta el espíritu de la ley.
Las decisiones jurídicas que sobre este caso se han adoptados no pide cambios en los trámites burocráticos de devolución de los 10 dólares, sino la no implementación del decreto 430-17 en lo referente a los dominicanos y dominicanas que viajan al territorio nacional.
Reclamamos del gobierno de Luis Abinader una rápida explicación a lo que parece ser una nueva violación, de su parte, a las decesiones de nuestros tribunales y a la propia Constitución de la República.
Desde el principio de esta lucha que por unos 4 años ha sostenido Alianza País hemos dicho y hoy reiteramos, que el proceder correcto no es cambiar el mecanismo de devolución sino modificar el infame e inconstitucional decreto 430-17 que nos coloca como dominicanos de segunda categoría.
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