Desde esta tribuna sostenemos que las aspiraciones de Ito son legítimas, siempre que respeten la institucionalidad y no confundan la gestión pública con el proselitismo
Por Roberto Valenzuela
La política dominicana entra en una nueva fase. Por primera vez, y con información confirmada desde distintos sectores de poder político y económico, se coloca sobre la mesa un nombre que hasta ahora se había movido con cautela: Víctor (Ito) Bisonó. Su eventual proyección presidencial ya no es un rumor de pasillos, sino un hecho político en construcción que comienza a alterar el tablero rumbo a las elecciones de 2028.
Dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como en un sector influyente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), partidos emergentes y un núcleo empresarial de peso, se consolida la percepción de que Bisonó representa hoy la carta más segura para garantizar la continuidad del oficialismo. No se trata de una apuesta emocional ni coyuntural, sino de un cálculo frío sustentado en encuestas, imagen pública y capacidad de articulación política.
Quienes impulsan su nombre coinciden en varios puntos clave: Bisonó aglutina a las fuerzas conservadoras y moderadas del sistema político; posee una imagen sólida, sin desgaste; y, en cinco años de gestión gubernamental, no ha estado vinculado a escándalos de corrupción ni a crisis institucionales. En un país donde la desconfianza ciudadana hacia la clase política crece, ese capital ético adquiere un valor estratégico.
No es casual que antiguos dirigentes reformistas, hoy integrados al PRM o aliados circunstanciales, vuelvan a ver en Bisonó un referente natural. Tampoco sorprende que sectores empresariales —tradicionalmente reacios a la improvisación— comiencen a mencionarlo como una figura confiable para preservar estabilidad, gobernabilidad y reglas claras.
Aunque el propio Bisonó no ha anunciado formalmente aspiraciones presidenciales, sus seguidores en todo el país ya actúan como si el proceso estuviera en marcha. La consigna de que “el 28 es de Ito” empieza a ganar espacio, rompiendo la narrativa de que el relevo presidencial dentro del PRM está limitado a los nombres que tradicionalmente ocupan titulares.
Desde esta tribuna sostenemos una posición clara: las aspiraciones de Ito Bisonó, como las de cualquier funcionario público, son legítimas. Sin embargo, esa legitimidad está condicionada al respeto absoluto de la institucionalidad. No debe interferir con sus funciones, ni utilizar su cargo para promoverse, ni mucho menos emplear recursos del Estado para competir interna o externamente. La línea entre gestión y proselitismo debe mantenerse firme y visible.
Si decide avanzar en una promoción política, esta debe hacerse con prudencia, fuera del horario oficial, sin uso de vehículos, personal o facilidades públicas. El país no puede aceptar —ni normalizar— que la administración del Estado se confunda con la construcción de proyectos personales.
El movimiento que impulsa a Bisonó se fortalece, además, bajo la premisa de que estaría en capacidad de enfrentar con solvencia a cualquiera de las principales figuras de la Fuerza del Pueblo, incluido el expresidente Leonel Fernández o el senador Omar Fernández. Ese dato, más que una especulación, es el que explica la inquietud y el reacomodo temprano dentro del sistema político.
La irrupción de Ito Bisonó en el debate presidencial confirma una verdad ineludible: la sucesión en el PRM ya comenzó. Y cuando los sectores de poder empiezan a moverse antes de tiempo, no es por improvisación, sino porque entienden que el escenario de 2028 se está definiendo desde ahora.
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