Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de dos hombres que formaban parte de una red que cometió una estafa de 10,658,522.00, vía electrónica, cuyo modus operandi consistía en enviar notificaciones de alertas, a través de correos electrónicos, para redireccionar a las víctimas a páginas web, que simulaban ser de reconocidas entidades bancarias.
La fiscal de investigación Ofil Féliz Campusano estableció en el expediente de imputación, que los inculpados Ismael Lorenzo Sánchez y Jeisson Valdez Rosario enviaban a los usuarios una web fraudulenta que aparentaba ser los website de entidades bancarias para así sustraer los datos suministrados por las víctimas, y, con esa información solicitaban en las compañías telefónicas a las que pertenecían los clientes, duplicados de tarjeta Sim Card.
El documento judicial, también, establece, que una vez los procesados obtenían los duplicados de los números de teléfonos de las víctimas procedían a acceder de manera ilícita a internet banking, y a realizar transferencias a terceros, y luego estas transacciones las confirmaban usurpando las identidades de los clientes afectados.
La fiscal litigante Indira Sención, durante la audiencia, resaltó, que el pasado 19 de noviembre, del presente año, fueron arrestados en flagrante delito en el interior de una sucursal de una compañía telefónica, los imputados Lorenzo Sánchez y Valdez Rosario, tratando de obtener el duplicado de un chip que no estaba a nombre de ninguno de los justiciables, y que dicha obtención del duplicado telefónico, la estaban realizando con un poder notarial falsificado.
La jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación, acogió la calificación provisional otorgada por el Ministerio Público, a cuyos actos cometidos por los imputados lo calificó de asociación de malhechores, acceso ilícito y obtención ilícita de fondos, tipos penales descritos y sancionados por los artículos 4, 5, 6 y 14 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en perjuicio de las entidades bancarias y de las víctimas.
Los encartados fueron enviados por la jueza Toribio a cumplir la medida privativa de libertad en el Centro de Privación de Libertad La Victoria, en Santo Domingo Norte.
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