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SANTO DOMINGO, RD.- Tras analizar las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal le impuso tres meses de prisión preventiva a Dauris Santana (Dauri), identificado como cabecilla de una estructura de tráfico de drogas que operaba en el municipio Los Cacaos, de San Cristóbal.
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en las labores de combate a las estructuras del tráfico de drogas, arrestaron infraganti a Santana en su vivienda, el pasado 2 de octubre, mediante la orden judicial No. 01541-2025-AJOA-03000, de fecha 29 de septiembre de 2025.
El arresto se ejecutó durante un allanamiento en dicho inmueble, donde fue ocupada la cantidad de ciento diecisiete (117) porciones de un polvo blanco que se presume es cocaína y treinta y ocho (38) porciones de un vegetal, presumiblemente, marihuana, que fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes. También, fue ocupada la suma de noventa y un mil (RD$91,000) pesos dominicanos y una balanza.
Las procuradoras fiscales de San Cristóbal, Ramona Santana Uceta (titular), Laura Segura Cordero y Wendy Martínez Garabitos, indican en el expediente que desde hace dos meses fueron iniciadas las labores de inteligencia especializada a los fines de capturar y arrestar al imputado debido a que había sido identificado como líder de dicha estructura criminal.
La fiscal litigante Belkis Tejeda Espinal estableció la vinculación de imputado con el caso tras presentar diferentes evidencias ante el juez José Carlos Arias Nina, quien impuso la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII), de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
Santana es imputado de violar los artículos 5, literal A; 6, literal A; 75, párrafo II, y 85, literales B y D, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El Ministerio Público solicitó la medida de privación de libertad al considerar que es la más idónea en este caso porque el procesado no ofrece garantías para presentarse a los actos del procedimiento y por no contar con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.
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