Por Doctor Ramón Ceballo
En gran parte del mundo, la salud mental y emocional ha dejado de ser un tema marginal para convertirse en una urgencia social evidente. Los cambios estructurales, económicos y sociales de las últimas décadas, junto a los impactos de la pandemia de COVID-19, han puesto de manifiesto un desafío que afecta a miles de familias y que exige una respuesta colectiva mucho más robusta.
En la República Dominicana, la salud mental y emocional se ha consolidado como una urgencia social que ya no puede seguir relegada. Detrás de los discursos sobre bienestar y desarrollo humano, los datos revelan una realidad preocupante que afecta de manera directa a millones de personas y que tiene implicaciones profundas en la convivencia social, la productividad y la cohesión familiar. Con una población estimada de 11.5 millones de habitantes, la magnitud del problema es innegable.
De acuerdo a las informaciones de la Organización Mundial de la Salud, y con estimaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), mas del 20 % de la población dominicana ha presentado o presenta algún trastorno de salud mental, lo que equivale a más de 2.3 millones de personas.
Esta cifra confirma que los trastornos mentales no constituyen un fenómeno marginal, sino una ampliamente extendida que atraviesa distintos grupos sociales y etarios.
Entre los trastornos más prevalentes se encuentra la ansiedad, considerada el principal problema de salud mental en el país. Según datos del MSP, la ansiedad afecta aproximadamente al 5.7 % de la población, lo que representa unas 655,500 personas. Este trastorno suele manifestarse de forma persistente y silenciosa, afectando la capacidad de concentración, el desempeño laboral y las relaciones interpersonales.
En segundo lugar se sitúa la depresión, con una prevalencia estimada del 4.7 % de la población, es decir, alrededor de 540,500 dominicanos y dominicanas. La depresión concentra cerca de una cuarta parte del total de los trastornos mentales identificados y constituye una de las principales causas de discapacidad emocional. Su impacto se agrava cuando no es diagnosticada ni tratada a tiempo, y mantiene una estrecha relación con conductas suicidas.
Otros trastornos de alto impacto incluyen el trastorno bipolar, cuya prevalencia internacional se sitúa entre 1 % y 2 % de la población. Aplicando estos rangos al contexto dominicano, se estima que entre 115,000 y 230,000 personas podrían vivir con esta condición, caracterizada por cambios extremos del estado de ánimo y una elevada carga familiar y social.
El insomnio representa otro desafío significativo. Aunque no siempre se clasifica como trastorno mental independiente, se estima que entre el 10 % y el 15 % de la población, es decir, entre 1.15 y 1.72 millones de personas, experimenta dificultades persistentes para dormir.
El insomnio actúa como un factor de riesgo directo para la ansiedad, la depresión y el deterioro de la salud emocional.
Los trastornos del espectro psicótico, como la esquizofrenia y psicosis afines, presentan una prevalencia estimada de 0.7 % a 1 %, lo que equivale a entre 80,500 y 115,000 personas. Aunque menos frecuentes, generan un alto impacto sanitario, social y económico, y requieren atención especializada continúa.
Finalmente, un componente menos visible, pero igualmente relevante, es el trastorno de estrés postraumático (TEPT). En República Dominicana, el MSP reconoce esta condición como un problema asociado a experiencias traumáticas, como violencia, accidentes, desastres naturales o crisis sanitarias, aunque no existen estadísticas nacionales oficiales que midan su prevalencia en la población general.
Esta ausencia de datos no implica baja incidencia; por el contrario, la evidencia internacional señala que el TEPT suele estar sub diagnosticado y frecuentemente coexiste con ansiedad, depresión e insomnio, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la investigación epidemiológica y la atención especializada.
El gasto público en Salud Mental se mantiene por debajo del 1 % del presupuesto de salud, muy por debajo de las recomendaciones internacionales, que proponen entre 5 % y 10 %. Esta brecha en la inversión limita seriamente la disponibilidad de servicios especializados y el acceso a tratamientos adecuados para quienes más lo necesitan.
Esta realidad exige respuestas integrales que combinen educación, políticas públicas, inversión sostenida y un cambio de percepción colectiva.
Frente a este panorama, la salud mental y emocional debe asumirse como una prioridad nacional. Superar el estigma, ampliar la inversión pública y garantizar el acceso oportuno a servicios especializados no es solo una responsabilidad del Estado, sino un compromiso colectivo.
Ignorar esta realidad tiene un costo humano que la República Dominicana ya no puede permitirse.
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